Somos dos compañeras y dos compañeros del Master en Psicología Social , Educación y Desarrollo de la UCA. Hemos realizado este blog con la idea de profundizar, estudiar y participar activamente en un grave problema social :los desplazamientos humanos, a consecuencia de acciones bélicas u otras causas sociales.
*Flores Domínguez Caro
*Alexander Cala Cereijido
*Jasmina Álvarez Perea
*Juan Arturo Zapata Carvajal
Nos gustaría que nos dieras tu opinión y que participaras en el blog
Si deseas tener una opinión más clara, más actual y más real del problema, que afecta a una gran mayoría de seres humanos,sobre desplazamientos migratorios; no olvides "pinchar" en nuestros enlaces.Distintas visiones del problema, sus causas y sus consecuencias, son tratadas en conferencias , foros y artículos periodísticos.
La información es parte , también, de una Educación para el Desarrollo y en este proceso de educación social ,la finalidad es poner en marcha procesos de respuesta ante situaciones de injusticia y de desigualdad con las que estamos viviendo diariamente; por ello es importantísimo estar al día de las últimas noticias, opiniones y lecturas , que nos hablen del tema.De esta manera se genera una conciencia crítica y se hace a la persona responsable y comprometida, con el fin de ir construyendo una nueva sociedad más justa y más democrática.
¡NO QUEREMOS QUE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS WAYÚU SIGAN MURIENDO DE HAMBRE!
Este mes, en menos de tres días, han muerto una niña y un niño Wayúu que hacen parte de la población desplazada que se encuentra en Wepiapaa. Hacia las 2:00 PM del 10 de agosto de 2006 murió en el hospital de Dibulla (La Guajira), Mario Ipuana Ipuana quien contaba con dos años de edad. Hacia las 5:00 PM del 12 de agosto de 2006 murió en el hospital de Riohacha (La Guajira), la niña de tres meses de edad de apellidos Epiayu Ipuana.
Los médicos reportaron que los fallecimientos de los dos menores sobrevinieron a causa de una bronconeumonía que se complicó debido a la desnutrición severa que padecían, lo que imposibilitó que los tratamientos surtieran el efecto esperado. En otras palabras, puede decirse con toda seguridad que la niña y el niño Wayúu murieron a causa del hambre que tuvieron que soportar desde el momento de su desplazamiento hace más de diez meses.
Actualmente entre la población infantil desplazada de Wepiapaa se encuentran alrededor de diez niños y niñas, todos menores de diez años, con la misma sintomatología que llevó a la muerte a Mario Ipuana Ipuana y a la niña Epiayu Ipuana. Incluso a un hospital de Valledupar (Cesar), el 12 de agosto de 200, fue trasladada de urgencia la hija de diez años de edad, de la autoridad tradicional de Wepiapaa, porque la bronconeumonía se le complicó hasta un punto crítico, debido a la grave desnutrición que presenta. El problema de desnutrición crónica, sobre todo en la población infantil desplazada de Wepiapaa es tan alarmante, que la comunidad teme que con el correr de los días se presenten nuevos hechos luctuosos que lamentar.
Hay que recordar que el 12 de julio de 2006 se desplazó hacia Wepiapaa una comisión interinstitucional conformada por entidades gubernamentales de los niveles nacional, departamental y municipal. Esta amplia y variada comisión interinstitucional pudo darse cuenta directamente de las difíciles condiciones de vida en que se encuentra la población desplazada de Wepiapaa y pudo tomar nota, sobre todo, de la profunda crisis alimentaria por la que está atravesando, ya que fue visible para todas las instituciones presentes que esta población estaba padeciendo de hambre.
Una de las conclusiones que la comisión interinstitucional extrajo de su visita a la población desplazada de Wepiapaa fue que era urgente que las entidades gubernamentales pertinentes definieran alternativas que abordaran de fondo y estructuralmente los problemas de los desplazados de esta comunidad, por cuanto su situación es insostenible. Sin embargo, transcurridos más de un mes desde que se realizó esta visita, y a pesar de la profundización de la crisis alimentaria, todavía no se han tomado medidas ni se han definido propuestas para resolver la problemática de la población desplazada de Wepiapaa.
Por lo anterior, y como no deseamos que nuestros niños y niñas se sigan muriendo a causa del hambre que vienen padeciendo, estamos instando a las entidades gubernamentales correspondientes a lo siguiente:
- Que den cabal cumplimiento al compromiso adquirido por la comisión interinstitucional, en el sentido que se abordarían alternativas para resolver la problemática de los desplazados de Wepiapaa.
- Que definan, con nuestra activa participación, un plan integral de contingencia y de atención humanitaria integral, que permita anticiparse a los problemas que se vienen presentando.
- Construyan, con nuestro involucramiento, una agenda y una ruta precisas que comporte cuanto antes la reubicación rural de la población desplazada de Wepiapaa.
Para el Cabildo Wayúu de Wepiapaa es claro que mientras el problema subyacente no sea resuelto, en el sentido de posibilitar que la población desplazada nuevamente pueda ser productiva y autosuficiente, la crítica situación que presenta seguirá latente y cada vez será más difícil de solucionar.
Cada vez son más las empresas que desplazan a sus trabajadores a otros países distintos del habitual de trabajo. Estos desplazamientos generan una problemática en diversos aspectos de orden laboral y de Seguridad Social: ¿Con qué sociedad mantiene el desplazado su relación laboral, con la de origen, con la de destino, con ambas, con un grupo de sociedades? Se trata de un aspecto fundamental, pues de ello dependerá a quién puede el empleado reclamar sus derechos (por ejemplo, la indemnización en caso de despido), qué obligaciones empresariales existen, etc.
La respuesta no es fácil, dado que no existe norma nacional o comunitaria que regule completamente el concepto grupo de empresas. En España esta cuestión viene siendo resuelta por los tribunales, de forma variada, pudiéndose producir las siguientes conclusiones:
1ª) existe una relación única con el grupo de
empresas internacional,
2ª) existe "doble vinculación" con las dos empresas (la extranjera y la española),
3ª) existe relación con la sociedad española (independientemente de la que pueda existir con la extranjera). Por ello, y mientras no se desarrolle una normativa que regule este aspecto, será muy conveniente para empresas y desplazados establecer de la forma más clara y completa posible las condiciones y pactos que regulen los desplazamientos internacionales "intergrupo"
Segundo aspecto: ¿Qué legislación es aplicable al contrato?. La casuística puede ser muy variada, pero los dos casos más comunes son:
a) servicios prestados por un desplazado a España: la relación se regirá por la ley a la que se hayan sometido las partes, y si no existe pacto expreso será aplicable la española.
En todo caso, si se aplica una ley extranjera, habrá que respetar los mínimos inderogables previstos por la norma española.
b) españoles desplazados al extranjero: conforme al artículo 1.4 del Estatuto de los Trabajadores, la legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles en el extranjero (sin perjuicio de las normas de orden público aplicables al lugar de trabajo).
Asimismo, dichos trabajadores tendrán al menos, los derechos económicos que les corresponderían de no ser desplazados.
Tercero: ¿A qué jurisdicción se someterá el contrato? Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los juzgados y tribunales españoles serán los competentes si el contrato se ha celebrado en territorio español; el domicilio del
demandado se encuentra en España; cuando el demandado tenga una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; o cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española.
Respecto a la Seguridad Social, se plantea dos aspectos:
a) ¿En qué país debe cotizarse? La cuestión, afecta a las obligaciones de cotizar y a los derechos a percibir las correspondientes prestaciones futuras,
y que viene regulada básicamente por los tratados bilaterales suscritos entre España y numerosos países extranjeros, y a nivel comunitario por el reglamento básico CEE 1408/71, actualmente en fase de revisión, y normativa de desarrollo. La norma general es la sujeción a un único ordenamiento, o lo que es lo
mismo, la obligación de cotizar en un solo país. Para establecer el país donde hay que cotizar, el desplazado debe estar asegurado en el país donde desarrolla su actividad profesional, lo que les llevará a cotizar en destino.
No obstante, hay excepciones. La principal, en los desplazamientos temporales. En este sentido, se permite mantener las cotizaciones en origen siempre que la situación de desplazamiento no exceda de determinado período (en el ámbito comunitario, 12 meses, más otros 12 de prórroga, más una posible tercera prórroga de existir acuerdos con el Estado de destino).
b) ¿Cómo afecta a las prestaciones del
desplazado la cotización en distintos países? En principio, no se vean afectadas por el desplazamiento, computándose las cotizaciones realizadas en los distintos países. En la práctica habrá que atender caso por caso, pues según el régimen de Seguridad Social del país de destino, el resultado final para el desplazado podría variar. Por ello, es recomendable que para los desplazados españoles se mantengan las cotizaciones en España hasta el límite máximo posible.
El rechazo de la asistencia humanitaria es un mensaje contra la guerra y los abusos de los derechos humanos.
Al rechazar la asistencia propuesta por los organismos humanitarios internacionales, los desplazados de la guerra de Kanyabayonga desean expresar, ellos mismos, sus necesidades. Quieren oponerse al papel que les quieren hacer jugar utilizando la ayuda humanitaria como paliativo a la falta de voluntad o de interés en poner fin a la guerra y a los abusos contra los derechos humanos que la guerra lleva consigo. Es lo que ha constatado el CEJA interrogando a numerosos testigos entre desplazados, trabajadores humanitarios y dirigentes comunitarios locales en los lugares afectados por la guerra.
La guerra en Kanyabayonga ha provocado mareas humanas que se desplazan hacia ciudades como Kirumba, Kayna y las localidades del Sur del territorio de Lubero. Frente al drama de los desplazados, los organismos humanitarios han querido ayudar a esos desplazados en peligro. Pero, según informaciones recogidas por CEJA, los desplazados han rechazado categóricamente esta asistencia en varios puestos de distribución. \"Por primera vez en la historia de la zona, los desplazados rechazan la ayuda humanitaria y reclaman la paz\", declaró uno de los testigos interrogados por CEJA.
Manifestaciones en el territorio de Lubero contra la guerra de Kanyabayonga.
El Sur del territorio de Lubero vive un período de convulsiones después de la insurrección de los exANC, rama armada del RCD/Goma. Los enfrentamientos militares empezaron el 12 de diciembre de 2004 en Kanyabayonga. Se oponían los militares del ANC a las Fuerzas Armadas de la RDC desplegadas en el Kivu Norte. Estos enfrentamientos provocaron el desplazamiento masivo de la población, que huía de sus casas y aldeas. Prácticamente la totalidad de la gente de Kanyabayonga se dirigió hacia Kayna y Kirumba. Varias decenas de personas se reunieron con los miembros de sus familias ampliadas, más al Norte, en la ciudad de Butembo.
La reacción de la población del Kivu Norte y del territorio de Lubero fue numerosa e inmediata. El 14 de diciembre de 2004, la Sociedad civil de Butembo organizó una marcha pacífica para denunciar la guerra. Esta manifestación movilizó a todas las capas de la sociedad de Butembo donde, aquel día, no se efectuó ninguna actividad comercial o cualquier otra. Los manifestantes gritaban eslóganes para denunciar una nueva guerra de agresión al Congo por parte de Ruanda, a través de la ANC. La manifestación se desarrolló pacíficamente: los manifestantes estaban encuadrados por la policía y no se registró ningún incidente violento ni desbordamiento.
No fue así durante las manifestaciones organizadas el 6 de enero de 2005 en Lubero, cabeza de destrito del territorio de Lubero que reunió, prácticamente, a toda la población de la ciudad, según los testigos. Los manifestantes de Lubero destruyeron las oficinas de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), donde rompieron 2 ventanas. Desde allí, los manifestantes se dirigieron al aeródromo de Kasalala, con la manifiesta intención de atacar a la MONUC. Allí encontraron la resistencia de los cascos azules que dispararon al aire para dispersar al gentío que les tiraba piedras. Se produjeron 4 heridos entre los manifestantes. Otro grupo de ellos atacó las instalaciones de la MONUC, situadas frente a la Oficina del Administrador del territorio de Lubero. La policía nacional congoleña se lo impidió, disparando al aire para dispersar a la multitud.
os daños materiales en Lubero fueron relativamente pequeños y no se produjo ninguna pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones, dirigidas, esencialmente, contra las Agencias de la ONU a las que los manifestantes acusaban, ya sea de favorecer la guerra, ya de falta de eficacia para terminar con ella.
Los desplazados y la ayuda humanitaria.
El territorio de Lubero alberga numerosas organizaciones no gubernamentales humanitarias. Son muy activas en esta parte de la provincia desde 1998, año en el que las tropas ruandesas y ugandesas lanzaron sus operaciones militares contra la RDC.
La guerra de Kanyabayonga ha provocado desplazamientos masivos de la población. La organización Agro-Acción-Alemana (en siglas AAA) fue de las primeras en lanzar un programa de asistencia humanitaria a favor de los desplazados. Pero, según testimonios recogidos por CEJA, los desplazados de Kirumba, Kayna y Kanyabayonga a quienes estaban destinadas las primeras distribuciones, no acogieron favorablemente la ayuda humanitaria de la Organización internacional AAA. Rechazaron categóricamente recibir los víveres ofrecidos, judias y harina a la que vulgarmente llaman \"kaunga\". Ante la reacción de los desplazados que iban siendo cada vez más hostiles, los agentes distribuidores de AAA se vieron obligados a irse para ocuparse de los que se encontraban en Kamandi y Kirumba. Pero, según los testimonios, los acogieron con la misma hostilidad el 3 de enero de 2005, en la ciudad de Kirumba.
El mismo día, los agentes distribuidores de la ONG Save the Children experimentaron la misma suerte que sus colegas de AAA. Tenían la intención de distribuir mantas, pero los desplazados rechazaron la oferta, según los testigos. El 2 de enero de 2005, agentes de CARITAS de la diócesis católica de Butembo-Beni tuvieron mejor suerte, consiguiendo hablar con los desplazados, aunque les impidieron censarlos ya que no querían cooperar con ninguna organización encargada de la distribución de ayuda humanitaria.
El 8 de enero de 2005, los desplazados de Mighovwe rechazaron también recibir un contenedor de galletas ofrecidas por la ONG Solidaridad. Entonces esa ONG se desplazó a Kipese, Lubango, Kikuvo y Kamandi para distribuir esas galletas entre los desplazados de esas localidades. Según las informaciones recogidas, esa donación \"se acogió con mucha reserva\". Según los testigos, los desplazados declararon a los trabajadores humanitarios que tenían necesidad de paz, no de pan. \"Su mayor preocupación era que se ponga a los insurgentes en situación de no perjudicarles, para poder trabajar en sus campos y así poder comer con el sudor de su frente\", dijo un testigo.
Los dirigentes comunitarios de los pueblos afectados declararon al CEJA que \"la ayuda humanitaria \"supone una burla\". Uno de los dirigentes dijo que \"esta región es uno de los graneros del Kivu Norte. Alimenta a la población de Goma proporcionándola patatas, legumbres, mandioca, lecha, llamada comúnmente \"hoghourt\". Sostiene una buena parte de las necesidades alimenticias de la ciudad de Butembo y de las que se encuentran a lo largo de la carretera que va de Butembo a Goma. Así pues, conceder ayuda humanitaria a los desplazados de esta comarca, que son capaces de producir sus propio alimento y cuyos excedentes se mandan a ciudades y aldeas de la provincia, sería sumergir a toda las provincia del Kivu Norte en un estado de hambruna generalizada\".
\"Los desplazados de esta región desean más el retorno de la paz que el maná \"ayuda\" humanitaria venida de esa clase de organismos\", declaró otro. \"Los desplazados quieren la paz, el respeto y la dignidad humana\".
Reacción de las autoridades locales y ONG.
Las autoridades locales no han reaccionado todavía al rechazo categórico de ayuda humanitaria por parte de los desplazados del Sur del territorio de Lubero.
Sin embargo, según informaciones recogidas por el CEJA, el responsable provincial de OCHA llegó a Butembo donde al parecer se encontró con el Administrador adjunto del territorio, encargado de finanzas, Laingulia Njewa. Los dos se fueron a Lubero \"para examinar la situación de rechazo de ayuda humanitaria por parte de los desplazados\", según lo que ha sabido CEJA.
De entre las organizaciones cuya asistencia se rechazó, únicamente AAA realizó un esfuerzo de explicación a la gente, a través de las antenas de Radio Butembo, estación local en FM, para hablar de sus objetivos y especificar que su papel es únicamente el de llevar a cabo la ayuda humanitaria. Su portavoz deploró el comportamiento de los desplazados del Sur de Lubero que rechazaron la ayuda aportada por las organizaciones humanitarias.
Los desplazados por la guerra en Kanyabayonga rechazan la ayuda humanitaria para denunciar al mundo la guerra y los abusos a los derechos humanos.
“Me decían que me fuera, que me iban a matar. ¿Por qué tengo que volver a irme de acá?”, se pregunta Blanca, colombiana de la costa Atlántica, funcionaria gubernamental, líder comunitaria y madre de tres hijos. La suya es una de las 19 historias de vida recogidas en el libro Para Que Se Sepa - Hablan las personas desplazadas en Colombia.
El pasado jueves 5 de julio se presentó en la Asociación de la prensa de Madrid el libro Para Que Se Sepa, resultado de un largo proyecto: Historias de vida. Esta iniciativa ha dado la oportunidad a personas forzadas a salir huyendo de sus casas por causa de violaciones de derechos humanos y del conflicto armado, de contar sus historias en sus propias palabras. A la vez, el libro ayuda a entender la situación de los tres millones de colombianas y colombianos desplazados que están reivindicando su derecho a la justicia y la reparación por los delitos cometidos.
Anne-Sophie Lois, la coordinadora del proyecto e integrante del Consejo Noruego a Refugiados, organismo que lo impulsa, destacó que el libro proporciona un beneficio dual: “conseguimos escuchar las voces de los desplazados y promover el empoderamiento de estos sectores a través del conocimiento y la formación prestada”. Y es que no han sido periodistas, sino los propios desplazados o representantes de colectivos los que se han encargado de realizar las 19 entrevistas que aparecen recogidas en el libro y que reproducen en transcripción literal.
Historias de primera mano
El libro recoge experiencias de personas como la de Juan, un joven de veinte años desplazado forzadamente de la cuenca del río Jiguamienadó (Chocó), quien explica como “faltaban quince metros cuando escuché esa ‘calentura’ allá en mi pueblo. (...) Y cerca de donde yo estaba, los helicópteros se paseaban por encima, pero no rafagueaban. (...) La gente se desplazó”. En el libro se señala que la mayoría de los nombres que aparecen son ficticios: “muchos de los entrevistados tienen miedo”, señala Anne-Sophie Lois.
El libro recoge no sólo experiencias de desplazamientos forzados a otras regiones, sino también otros tipos de violencia sobre la libre movilidad, como la sufrida por Cacique, indígena barí de 60 años, quien fue obligado a permanecer en su casa durante cuatro años: "Decían que me mataban; entonces lo único que me pusieron problema que me quedara quieto en la casa, preso, preso como unos cuatro años".
Los protagonistas de Para Que Se Sepa son campesinos, dirigentes sindicalistas, maestros y agricultores, indigenistas y afrodescendientes. Pero todos tienen en común una “necesidad y deseo de compartir sus historias. No son historias de víctimas sino de luchadores, que muestran valor y coraje para defender sus derechos. Son historias de vida no reducidas al desplazamiento”, defiende Anne-Sophie Lois.
La Embajadora de Colombia en España, Martha Noemí Sanin, fue la encargada de recordar los orígenes del conflicto colombiano: “La lucha por la tierra está en el trasfondo del problema. El enfrentamiento entre las guerrillas y los paramilitares ha creado una enorme masas de desplazados, que recorren ciudades buscando los mínimos servicios públicos”.
Al menos 400 mil personas en condición de desplazamiento y con alguna discapacidad física y mental no figuran entre los registros de las entidades que deben brindar atención a esta población y por lo tanto no están siendo atendidos y viven en precarias condiciones.
Además de que los programas gubernamentales no tienen registradas a estas personas, el otro problema que se encontró en la audiencia donde se presentó esta situación, es que en la actualidad no se cuenta con una base de datos que identifique a la población discapacitada en condición de desplazamiento, lo que dificulta la atención.
¿QUÉ SON DESPLAZADOS AMBIENTALES?
Hace dos décadas atrás no se utilizaba el concepto de refugiado o desplazado ambiental. Hoy es un término de uso común. Se refiere a las personas, pueblos y, en la situaciones más graves, ciudades que se han visto obligados a trasladarse desde su tierra natal, o sea migrar, debido a problemas derivados con el ambiente, como desastres naturales: huracanes o tsunamis, y también por otras razones de devastación como son la deforestación, desertificación, inundaciones, o sequías, con la consecuente falta de agua, alimentos y energía, y riesgo de enfermedades, lo que hace que para estas personas, existan pocas o ninguna esperanza de retorno.
El desplazado ambiental incluye no sólo a aquellos que tienen que trasladarse a otras zonas dentro de un mismo país, también a los que suelen cruzar fronteras internacionales. África Subsahariana y Asia son las regiones del mundo de donde provienen la mayor cantidad de desplazados ambientales. Al intentar cruzar las fronteras hacia otros territorios más seguros, miles de estos inmigrantes mueren cada año en las rutas migratorias, por las políticas restrictivas de los países a los que se dirigen y la militarización de las fronteras.
En la actualidad hay aproximadamente entre 20 a 25 millones de personas en el mundo en las que se las puede clasificar como refugiados ambientales según el ACNUR (Alto comisionado de las Naciones Unidas) y en pocos años podría duplicarse. El número de personas que abandonó sus hogares por causas ambientales superó a los que lo hacen por conflictos bélicos.
La causa más importante de estas migraciones es el calentamiento del planeta, por el incremento de las sequías, terremotos, desertificación, deslizamientos, modificaciones en los sistemas monzónicos y de tifones, e impactos destructivos de los ambientes marinos. Al tener su medio ambiente degradado, poblaciones enteras pierden las condiciones mínimas para su supervivencia en su lugar de origen por lo que deciden migrar en busca de un mejor destino. Se incluyen además en esta categoría a los pobladores cercanos a construcciones de grandes infraestructuras, como por ejemplo las represas, que deterioran a niveles gravísimos el medio ambiente y por ende, les es imposible permanecer por falta de recursos.
Otros aspectos de incidencia son las inadecuadas políticas agrarias y los cambios en la oferta y la demanda de productos por parte del mercado internacional, lo que ha obligado a campesinos de varios países como por ejemplo, en el Mato Grosso, a deforestar terrenos para cambiar la producción tradicional con el consiguiente peligro de desertización de la tierra.
Los pronósticos que hacen los organismos internacionales para la próxima década son devastadores, calculan que serán alrededor de 175 millones de niños, las víctimas de estos fenómenos conocidos como desastres naturales |
Los sectores más vulnerables de la población -mujeres, niños y ancianos- corren también más riesgo de sufrir con estos desplazamientos. El 50% de los afectados por desastres naturales son menores de edad y los pronósticos que hacen los organismos internacionales para la próxima década son devastadores, calculan que serán alrededor de 175 millones de niños, las víctimas de estos fenómenos conocidos como desastres naturales. En un solo año, el 2010, se estiman 50 millones de desplazados ambientales y la mayoría serán mujeres y niños.
Es una creencia común que casi todos los desastres ambientales son provocados por causas naturales, cuando en realidad, muchos son consecuencias de acciones humanas, como el uso insostenible de los recursos. Por ende, se puede afirmar que nuestro estilo de desarrollo instauró esta nueva categoría de desplazado ambiental. Estos millones de víctimas sufren hoy los efectos de las actividades económicas que destruyeron o degradaron el ambiente, por las políticas que se han utilizado a lo largo de dos siglos.
La situación social de estos emigrantes no es sólo de desarraigo y aculturizacion, sino también de desintegración familiar y social, porque, muchas veces, están obligados a separarse de personas muy cercanas. Esto provoca secuelas psicológicas y traumas graves por la cantidad de pérdidas que deben enfrentar en poco tiempo.
Algunos de los casos más conocidos son el que se produjo por la sobreexplotación de la pesca en Senegal y el de de los recursos acuíferos en Uzbekistán para su uso en la producción de algodón que provocaron problemas ambientales que desplazaron a millones de personas de estas zonas.
Hay ejemplos también de algunos países que saben que serán victimas, tarde o temprano, de las consecuencias del cambio climático, como la isla del pacifico Tuvalu que ya realizó un acuerdo con Nueva Zelanda para trasladar sus 11 000 habitantes, ya que se prevé que esta isla, debido al aumento del océano, desaparezca aproximadamente en los próximos 50 años.
El problema es realmente grave y afecta a las áreas más pobres del planeta y a las zonas más desfavorecidas de países desarrollados como ocurrió con el huracán Katrina en Estados Unidos. Este evento causó miles de desplazados, y como no hubo ningún tipo de plan, ni provisión de antemano, se perdieron cientos de miles de vidas y los sobrevivientes fueron trasladados a otros estados, sin ningún tipo de criterio y con graves consecuencias para ciudades y pueblos completos. Esto es una señal de que en un futuro cercano cualquier país, sin importar su condición económica, puede enfrentar problemas graves de desastres ambientales que generen desplazados ambientales. Los efectos del cambio climático son a nivel global por lo que esta problemática no podrá ser ignorada por ningún estado.
Desplazados por el huracán Henrriette en México
¿Los inmigrantes que llegan a España son también desplazados ambientales?
Por ejemplo, hay ONG españolas que se ocupan de pescadores africanos sin trabajo por la sobreexplotación en sus aguas por parte de flotas pesqueras europeas (y entre ellas, destacan algunas españolas). Cuando el trabajo desaparece en su casa se desplazan a España a buscarse la vida. Normal, ¿no? ¿Es justo deportarles si entran sin papeles? ¿Es esa la solución política a la problemática de la sobreexplotación pesquera por parte de actores españoles y la falta de recursos para los pescadores locales?
Los biocombustibles son el próximo tema de la revista. Presentados como la alternativa ecológica a los combustibles fósiles, en los últimos meses están apareciendo cada vez más críticas que cuestionan su ecologismo.
Las Naciones Unidas reconocen que, en las condiciones actuales, si se produce una extensión masiva de los biocombustibles, sucederán consecuencias muy negativas para muchas personas que viven en el ámbito rural, así como las más pobres en muchos países del Sur y para algunos ecosistemas. Si los biocombustibles se plantean como monocultivos de explotación intensiva pueden potenciar un modelo agrario que se ha demostrado que perjudica a medio plazo a los ecosistemas e imposibilita la soberanía alimentaria de las poblaciones. Mientras que los beneficios económicos se pueden centrar en pocas manos, que ya tienen tierras y capacidad monetaria y de exportación, los perjuicios pueden extenderse a capas amplias de la población menos capacitadas o que apuesten por un modelo agrario diferente. Por eso se tiene que ir con mucho cuidado.
¿Qué es un desplazado interno?
La descripción que la comunidad internacional emplea con mayor frecuencia fue elaborada por Francis Deng, representante del Secretario General para la cuestión de los desplazados internos. Enunciada en el documento de las Naciones Unidas titulado “Principios rectores aplicados a los desplazamientos internos”, reza así: “personas o grupos de personas que han sido forzados u obligados a huir de sus hogares o lugares de residencia habitual, o a abandonarlos, en particular a causa de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que aún no han cruzado una frontera reconocida internacionalmente entre Estados o que lo hacen a fin de evitar los efectos de todo ello”.
“No sabemos lo que nos depara el futuro, lo que está pasando ni cómo vamos a sobrevivir. Pero me gustaría construir una casa y crear un nuevo hogar para mis hijos.”
Qualam, mujer desplazada, Afganistán. Películas del CICR “Las mujeres ante la guerra”,
29 de octubre de 2001
Desplazados, "aún un gran problema”
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, dijo en una entrevista con BBC Mundo que, aunque el número de desplazados internos en Colombia está disminuyendo, el problema "sigue siendo de gran dimensión".
El funcionario señaló que los registros de las autoridades colombianas reconocen dos millones de desplazados internos, aunque otras organizaciones reportan un número mayor.
Guterres, que este viernes termina una visita de dos días a Colombia, afirmó que este país tiene una de las mejores legislaciones del mundo para atender ese problema (una ley de 1997) e hizo un llamado para que esa legislación se ponga en práctica para hacer efectivos los derechos de los desplazados.
| Hay una obligación también de la comunidad internacional de ayudar a Colombia a solucionar los problemas de las personas afectadas por el conflicto
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"No es sólo el desplazamiento, es la pobreza", le dijo el funcionario a BBC Mundo, que viajó con el funcionario al departamento noroccidental del Chocó y visitó las poblaciones de Andagoya y Bebedó, sobre el río San Juan.
En Andagoya, Guterres presenció una campaña de documentación para desplazados, que les otorga identificación para que puedan acceder a servicios del Estado como educación, salud y ayudas económicas.
Pobreza
Aunque el Chocó es el departamento con más ríos de Colombia, la gran mayoría de sus habitantes ni siquiera tiene acceso a agua potable. Se estima que al menos el 80% de sus pobladores vive en la pobreza.
En las calles de Bebedó, a finales de 2004, fuertes enfrentamientos entre guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha dejaron 12 personas muertas y 13 heridas, la gran mayoría civiles ajenos al conflicto.
A raíz de eso, casi la tercera parte de la población, compuesta por negros e indios, se desplazó.
Posteriormente, el gobierno promovió el retorno de cerca de 200 desplazados. Aunque la policía llegó al pueblo, en la zona persiste la presencia de actores armados ilegales.
Cuando intervino ante cientos de pobladores, congregados en una iglesia de Bebedó, Guterres les dijo que era consciente de sus necesidades en muchas áreas y afirmó que la comunidad internacional está dispuesta ayudar, pero insistió en que la estrategia de solución del problema "tiene que ser definida por los colombianos".
El siguiente es el diálogo de la BBC con Guterres, al término de esa reunión con los pobladores.
Señor Guterres, ¿qué panorama ha encontrado del panorama forzado en Colombia? ¿Han mejorado las cosas o han empeorado?
El número de desplazados cada año está disminuyendo en relación con los períodos más activos del conflicto armado, pero sigue siendo un problema de gran dimensión.
Colombia tiene la legislación, por ventura, más avanzada del mundo en el reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas, pero, como todos podrán constatar, es muy difícil garantizar la aplicación en concreto de estos derechos, sobre todo en zonas más aisladas y con poblaciones como estas, indígenas, afrocolombianas, que tienen muchas dificultades económicas y sociales.
No es solamente el desplazamiento, es la pobreza. Las dos juntas, naturalmente, crean una situación muy difícil para las poblaciones.
Y toda nuestra labor es procurar, cooperando con la sociedad civil, con la iglesia, con los órganos del Estado, crear condiciones para que, progresivamente, haya una aplicación concreta de las excelentes leyes existentes para garantizar los derechos de ciudadanía a estas poblaciones desplazadas, algunas de ellas (que están) regresando a sus pueblos en circunstancias muy precarias, como podrán constatar.
Aquí hubo un desplazamiento a raíz de enfrentamientos en el 2004.
¿Qué está pasando con ese retorno? ¿No hay garantías para que no haya nuevos desplazamientos aquí?
El retorno se ha producido, pero naturalmente reconstruir la vida tiene muchas dificultades. Y hay condiciones en relación con educación, con salud, con garantías de seguridad, que es muy importante que el esfuerzo que se está haciendo se continúe para que los derechos efectivos de las poblaciones tengan una dimensión que es necesaria.
Hay un esfuerzo que se está haciendo, pero es un esfuerzo que es necesario continuar y en muchos casos intensificar.
¿Qué cifras de desplazados maneja ACNUR en Colombia y de qué dimensión es el problema comparado con otros países?
El número de desplazados internos de Colombia, de acuerdo con el registro oficial, es dos millones. Hay después distintas estimativos de distintas organizaciones.
En cualquier caso, es un número muy significativo, es una de las situaciones relevantes en el mundo, en que hay una obligación también de la comunidad internacional de ayudar a Colombia a solucionar los problemas de las personas afectadas por el conflicto.
La protección de los desplazados internos afectados por conflictos armados
Resumen: En este artículo se exponen algunas reflexiones sobre la noción de protección de las personas desplazadas dentro de su propio país en una situación de conflicto armado. Tras recordar el contexto que ha hecho que la comunidad internacional se interese por los desplazados, la autora se detiene en el concepto de protección y los modos de proceder de las organizaciones humanitarias, entre ellas el CICR, en su actividad de protección. Al analizar los retos ligados a esta problemática, en particular la relación entre la consolidación de la noción de personas desplazadas y la puesta en peligro del estatuto de refugiado, destaca el papel asignado a las organizaciones humanitarias por los Estados. No es, sin embargo, la acción humanitaria la que podrá prevenir los desplazamientos masivos de población o resolver los problemas que plantean, sino la acción política: los Estados deben esforzarse en establecer un orden político justo, que contribuya a prevenir el fenómeno de los desplazados en sus propios territorios.
El quincuagésimo aniversario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados nos brinda la ocasión de compartir algunas ideas acerca del concepto de protección de los desplazados internos, de los factores políticos que subyacen al problema de los desplazamientos, así como de sus implicancias humanitarias.
En los últimos años, hemos visto que la atención de la comunidad internacional, de los Estados, así como de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha centrado en una nueva dimensión de los desplazamientos de población: los desplazamientos dentro de un país como resultado de un conflicto no internacional. A principios de los años noventa y finales de la Guerra Fría proliferó un nuevo tipo de conflictos internos, que dio lugar a un fuerte aumento del número de personas desplazadas dentro de su propio país. Las expresiones "conflictos de identidad", "conflictos étnicos" o "conflictos religiosos" se usan actualmente con el fin de caracterizar la
índole de esas nuevas confrontaciones. De hecho en Estados de gran importancia estratégica, pero con una autoridad central debilitada, las causas políticas o religiosas de los conflictos están con frecuencia oscurecidas o manipuladas para servir a intereses económicos muchísimo más rentables. El control de los recursos naturales se ha convertido más que nunca, a menudo con apoyo extranjero, en un objetivo de las partes en conflicto.
En tales circunstancias, el valor de un "civil", es decir, de alguien que no participa directamente en las hostilidades, se mide en función de los potenciales beneficios que esa persona representa. Si las personas civiles eran antes las víctimas colaterales de las operaciones militares, ahora constituyen los instrumentos políticos preferidos de los beligerantes. En efectivo, cuando no son sencillamente el blanco directo de ataques, son tomadas como rehenes, reclutadas a la fuerza, obligadas a realizar trabajos forzosos y deportadas, incluso, para alcanzar un equilibrio demográfico, político o étnico. La comunidad internacional no podía permanecer indiferente a la realidad del desplazamiento de millones de personas como resultado de ciertos conflictos, un fenómeno que ha adquirido rasgos de ineludible tras la Guerra Fría. Algunas ONG (en particular, la Commisson of Churches on International Affairs and the Quakers) plantearon inicialmente esta cuestión, de la que se ocuparon luego los mecanismos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, y que diversos debates de expertos, así como la presión de los países donantes, pusieron aún más de relieve. Los problemas de los desplazados internos fueron así ocupando poco a poco un lugar en la agenda de la diplomacia multilateral, para llegar finalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde los diplomáticos abordan los aspectos políticos como humanitarios.
El fenómeno de los "desplazados internos" (o DI) se reconoce actualmente como tal, y ha entrado a formar parte del ámbito político internacional como uno de los asuntos humanitarios pendientes.
La protección de los desplazados internos
A pesar de que todos los desplazados internos tienen las mismas necesidades por lo que respecta a la seguridad, la subsistencia y la dignidad, se los agrupa en varias categorías en función de los entornos muy diferentes en que viven. En consecuencia, la respuesta ha de adaptarse a sus necesidades y tomar en cuenta los problemas específicos de cada categoría.
Aquí consideraremos la protección de los desplazados internos desde el punto de vista de la protección general de la población civil, la estrategia para su implementación y la complementariedad del modo de proceder de las diferentes organizaciones implicadas. No nos ocuparemos, pues, de las normas jurídicas de protección de los refugiados y desplazados internos, ni de los cometidos y las actividades respectivas del ACNUR y del CICR, ya que estos aspectos se tratan en otros artículos del presente número de la Revista.
Se entiende por "desplazado interno o DI" una persona que se ha visto obligada a desplazarse dentro del territorio de su propio país a raíz de un conflicto armado o de tensiones internas. Se trata principalmente de personas civiles que, como tales, están protegidas por el derecho internacional humanitario.
La definición de protección en la que nos basaremos es la que adoptaron los participantes –organizaciones humanitarias, ONG de derechos humanos y organismos de las Naciones Unidas– en uno de los cuatro talleres sobre protección organizado en 1999 por el CICR: "El concepto de protección abarca todas las actividades tendentes a conseguir el pleno respeto de los derechos de las personas, de conformidad con la letra y el espíritu de la normativa pertinente (derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados). Los agentes humanitarios y los defensores de los derechos humanos deberán realizar esas actividades en forma imparcial, y no basándose en la raza, el origen étnico o nacional, la lengua, el sexo, etc." [1]
Según esta definición, toda acción de protección se basa en las normas del derecho. En otras palabras, se puede argumentar que los problemas humanitarios, incluso los que resultan de desplazamientos ocasionados por conflictos, son consecuencia de una violación, deliberada o no, de las normas jurídicas y la responsabilidad de afrontarlos recae primordialmente en las autoridades nacionales, que tienen la obligación de prestar protección y asistencia a la población.
En la práctica actual, la falta de voluntad o la incapacidad de las autoridades para asumir esa obligación ha impulsado a las organizaciones humanitarias a desarrollar actividades asistenciales. La mayoría de éstas se han dado, además, cuenta de que no pueden limitar su acción a distribuir víveres o medicamentos. Sacando las debidas enseñanzas de su experiencia, ahora también quieren respaldar sus operaciones de emergencia con acciones destinadas a proteger a las personas asistidas, y desean lograr un consenso sobre la distribución de las funciones.
¿Qué implica una acción destinada a proteger a una persona? Según los participantes en los talleres antes mencionados, tal acción o actividad, ya sea la prestación de ayuda material o de otro tipo, debe propiciar un entorno favorable al respeto de la persona humana, tanto si se pretende prevenir o poner fin a una violación, paliar sus efectos inmediatos o restaurar condiciones de vida dignas [2]. El ámbito de la protección comprende tres tipos de actividades:
· Las acciones reactivas: se llevan a cabo durante la fase de emergencia, con el fin de poner fin a las violaciones, paliar sus efectos o prevenir ulteriores violaciones (por ejemplo, prestando ayuda alimentaria de urgencia, instalando un campamento o haciendo gestiones ante las autoridades responsables para detener un desplazamiento de población);
· Las acciones correctivas: se emprenden después de la fase de emergencia y están encaminadas a restaurar la dignidad humana o a brindar condiciones de vida apropiadas para las personas que han sido víctimas de violaciones del derecho (por ejemplo, un programa psicosocial para las mujeres víctimas de violaciones sexuales, la recogida y tramitación de solicitudes de búsqueda de familiares dispersos o la construcción de refugios que permitan regresar a los desplazados); y, por último,
· La construcción del entorno: para promover un entorno social, cultural y jurídico propicio al respeto por los derechos individuales, de conformidad con el espíritu y la letra de las normas correspondientes (como la enseñanza a oficiales de las normas relativas a la conducción de las hostilidades y el apoyo a programas preventivos sobre los peligros de las minas antipersonal).
Estos tres tipos de actividades puede una única organización realizarlos de manera simultánea, pero algunas prefieren concentrarse en un tipo particular de actividad. Las distintas organizaciones humanitarias pueden asimismo amoldarlos a sus modos de acción o métodos de trabajo propios en sus contactos con las autoridades [3], como son:
· La persuasión: empleada para convencer a las autoridades, a través del diálogo (por ejemplo, mediante mensajes confidenciales escritos u orales), para poner fin a una violación o para ayudar a las víctimas de ésta;
· La denuncia: destinada a ejercer presión sobre la autoridad y apremiarla a poner fin a una violación de derecho o ayudar a las víctimas de una violación (mediante la publicación de informes sobre violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, o mediante llamamientos públicos);
· La sustitución: cuando la organización actúa en lugar de la autoridad para poner fin a una violación o para ayudar a las víctimas de ésta (por ejemplo, mediante el suministro de alimentos o la instalación de letrinas). Otra forma de sustitución –apoyo indirecto o institucional– puede tener por objeto reforzar las capacidad operativa de las autoridades.
Cada organización suele utilizar un “modo de acción preferido”, y los modos de acción pueden combinarse. Ciertas organizaciones de derechos humanos se inclinan más por publicitar la información de que disponen, e incluso por denunciar a los responsables de las violaciones, mientras que otras organizaciones operacionales prefieren usar el modo de sustitución y asistir directamente a las personas desplazadas. En general, las organizaciones basarán sus acciones en la estrategia que juzguen más conveniente, en función de su cometido o pericia, así como de la actitud y la capacidad operativa de las autoridades.
El CICR, por su parte, cree en un modo de operar basado en la persuasión y el diálogo confidencial con todas las partes en conflicto, tanto con los actores gubernamentales como con los grupos armados de oposición. El despliegue de sus delegados sobre el terreno, sobre todo en las zonas sensibles, le permite mantenerse constantemente al corriente de la situación, velar por la aplicación del derecho y hacer las oportunas gestiones ante las autoridades políticas y militares para poner fin a una violación o prevenirla. Un proceder de este tipo depende del establecimiento de una relación de confianza con todas las partes. Según el CICR, es fundamental tener acceso a las víctimas y tener garantizada la protección del personal humanitario. Sus actividades en Colombia son un buen ejemplo de los modos de acción que le sirven de referencia.
Sin embargo, si esta manera confidencial de actuar no da resultado, el CICR puede movilizar a la comunidad diplomática e incluso, en casos excepcionales, realizar llamamientos públicos para resolver una situación. Ambos modos de proceder, la persuasión y la sustitución, se usan con frecuencia juntos. Y el CICR respaldará muchas veces sus iniciativas diplomáticas ante las partes con actividades operacionales sobre el terreno destinadas a que la población civil permanezca en sus hogares, a protegerla durante el desplazamiento o evitar futuros desplazamientos y a facilitar luego la integración local o el regreso de las personas desplazadas.
Concretamente, el CICR puede proporcionar ayuda material, médica o alimentaria (vivienda, agua, evacuación de los damnificados, etc.) a los necesitados y apoyo técnico a las autoridades (difusión y capacitación). En el caso de la protección activa, cuando se han interrumpido, por ejemplo, los contactos familiares a causa del conflicto, toma los datos de los desplazados y trata de localizar a los desaparecidos, facilita el intercambio de mensajes de Cruz Roja y trata de reunir a los miembros de familias dispersas. Ofrece asimismo sus servicios para visitar a las personas detenidas. Se presta especial atención a las personas y grupos considerados particularmente vulnerables (niños solos y mujeres, personas mayores, etc.).
En situaciones de conflicto armado y de disturbios internos, el CICR procura siempre dar prioridad a quienes presentan las necesidades más urgentes. Debido a la precariedad de su situación, las personas desplazadas forman parte con frecuencia, aunque no exclusivamente, de los principales beneficiarios de su acción. Por otro lado, las poblaciones de acogida, que son a veces grupos minoritarios o residentes que no han podido abandonar el lugar, se encuentran a menudo en una situación tanto o más difícil que la de los desplazados. En lugar de desarrollar programas ajustados a las necesidades de los desplazados, será, pues, necesario un planteamiento global y definir los modos operacionales apropiados para cada contexto [4]. Por último, y en virtud de su reconocido derecho de iniciativa y de su estatuto de institución neutral e independiente, el CICR podrá actuar como intermediario entre las partes beligerantes o entre estas partes y las personas desplazadas para facilitar los contactos entre ellas o para solucionar un problema humanitario [5].
Con mucha frecuencia, los desplazamientos de población pillan desprevenidas a las organizaciones asistenciales, obligándolas a atender a los problemas más urgentes y a reaccionar de una forma más bien desorganizada y poco profesional. De ahí la importancia que reviste para las organizaciones el intercambio de información, el constante análisis de cada situación y la planificación concertada de las operaciones, preparando los planes de intervención y constituyendo reservas de emergencia de equipos y alimentos, etc. Ni que decir tiene que la calidad de una respuesta humanitaria por lo que atañe a la protección y la asistencia depende en gran medida del grado de preparación de la organización de socorro a una emergencia.
Por último, no tendría hoy en día sentido hablar de protección de los desplazados sin plantear la cuestión del acceso a las víctimas: demasiadas poblaciones desplazadas permanecen actualmente sin protección por su inaccesibilidad. Raras veces las razones son logísticas (falta de vías de comunicación, dificultades del terreno) o políticas. La mayoría de las veces se trata simplemente de un problema de seguridad: las partes en el conflicto deniegan el acceso o toman incluso como blanco, de manera deliberada, al personal humanitario. Sin entrar en detalles, señalemos que el debate acerca del posible o deseable papel de las fuerzas armadas o de mantenimiento de la paz en la tarea de proteger las actividades humanitarias, e incluso en los campamentos de refugiados, está dando frutos. Pero, los riesgos inherentes a la politización de la labor humanitaria, así como al amalgamiento de las responsabilidades políticas, militares y humanitarias, deberían tenerse presentes, en particular en situaciones de crisis prolongadas [6].
De todos modos, no se puede proyectar ninguna acción para prestar protección efectiva y duradera si no existe un entorno suficientemente seguro y si los beligerantes no comprenden y aceptan el papel de las organizaciones humanitarias.
Coordinación para la protección
El marco de protección desarrollado por las ONG y las organizaciones humanitarias antes descrito puede ser operacionalmente útil para los agentes humanitarios por lo que respecta la complementariedad de varias de sus actividades. Gracias a estos conceptos, no sólo sería posible hacer más coherente y predecible la intervención humanitaria, sino también más efectiva para las víctimas de infracciones, incluidas las personas desplazadas.
Asimismo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, se ha realizado un estudio con vistas a conceptualizar la idea de protección y a establecer un mecanismo de coordinación [7]. Más recientemente, el Comité Permanente entre Organismos (IASC) le encargó a la Red Superior sobre Desplazamientos Internos evaluar la calidad de las acciones humanitarias en favor de los desplazados, determinar las lagunas en la protección y la asistencia y hacer recomendaciones a los organismos pertinentes. Cuatro misiones y seis meses más tarde, en abril de 2001, se propuso la creación de una pequeña oficina de coordinación no operacional: la Unidad sobre Desplazamientos Internos, dentro de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, con el fin de formalizar y reforzar la coordinación de la intervención humanitaria y el apoyo de la comunidad internacional para el problema de los desplazados internos.
Por último, y en el plano normativo, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, Francis Deng, inició una importante supervisión, que culminó – entre otras cosas – con la publicación en 1998, de los "Principios rectores sobre el desplazamiento de personas en su propio país". Estos Principios, que ofrecen una definición muy amplia del concepto de desplazado, incluyen elementos de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, de derechos de los refugiados, cubriendo todas las fases del desplazamiento interno. Sin embargo, los Principios Rectores, que forman parte del derecho indicativo (soft law), no son jurídicamente vinculantes. Y, en una situación de conflicto armado en particular, parece fundamental invocar en primer lugar la norma perentoria, es decir, las normas del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados internacionales y no internacionales, que son vinculantes tanto para los actores gubernamentales como para los grupos armados de oposición [8]. Por último, la defensa de la causa de los desplazados internos constituye otro punto importante de la función del Representante del Secretario General para los asuntos de protección.
Niños desplazados por violencia:
rostros inocentes de una tragedia acumulada
"Es la violencia temprana, la violencia que espanta, el terror acumulado en conciencias frágiles que crecen con el recuerdo de la muerte y la huida apresurada, es el drama de los niños desplazados... "
La mayoría de los desplazados por la violencia en Colombia son menores de 18 años, es decir, niños y jóvenes inmersos en la prolongada tragedia del desarraigo forzado por decisión de los señores de la guerra y de la muerte.
Pequeños seres humanos que acumulan desde muy temprano la experiencia del dolor compartido, de la tierra abandonada, del sufrimiento urbano, del hambre que se vuelve costumbre, de culturas desconocidas, de nostalgias reprimidas, de los seres queridos ultimados, de recuerdos que vibran en silencio.
Semillas de futuros inciertos, pequeños hombres y mujeres nacidos y criados en las zonas de guerra, niños obligados a obedecer el lenguaje de las armas que vieron disparar antes del éxodo forzado.
Niños en la mira de los ejércitos de hombres que quieren perpetuar la guerra para sumar más combatientes a los enfrentamientos del absurdo.
Esperanzas de la patria reunidos en barrios subnormales, con la violencia del recuerdo en sus frágiles conciencias y con la realidad del sufrimiento de la supervivencia urbana. Niños desplazados, una realidad que va más allá de las frías estadísticas que a veces ayudan a entender que la sensibilidad también hace parte del lenguaje de la esperanza.
Menores desplazados: cifras mayores.
Hasta noviembre de 1995 la población desplazada por violencia en Colombia se estima en 750.000 personas. [Esta estimación es el resultado de los estudios estadísticos realizados por la Conferencia Episcopal de Colombia (1994) y por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES (1995).] Es decir uno de cada 50 colombianos se encuentra en situación de desplazamiento.
- El 55% del total de la poblacion desplazada por violencia en Colombia es menor de 18 años, es decir, aproximadamente 412.500 niños que huyeron con sus familias por presiones de diversos actores armados.
El Sistema de Información de Hogares desplazados por Violencia en Colombia SISDES, desarrollado por CODHES, precisa que
- el 12.72.% de la población infantil desplazada correspondea los menores de 5 años, el 19.78% oscila entre 5 y 10 años, elt 12.78% entre 11y 14 años y el 9.03% tiene entre 15 y 18 años.
Más de 18 años | 45% |
Menores de 5 años | 13% |
Entre 5 y 10 años | 20% |
Entre 11 y 14 años | 13% |
Entre 15 y 18 años | 9% |
Una vez desplazados por la violencia y como consecuencia del deterioro de la calidad de vida se advierte un alto índice de deserción escolar.
No asisten a clase 4 de cada 10 menores en edad escolar primaria o secundaria (entre 6 y 18 años), hecho significativo en el impacto del desplazamiento en la infancia al que se suman los traumas y dificultades de adaptación al proceso educativo por parte de los niños desplazados que logran ingresar al sistema escolar. |
En el desplazamiento de la población infantil y de la población en general tienen responsabilidad los actores que protagonizan el conflicto armado interno y que con violan los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario. También son responsables los integrantes de una sociedad que tiende con preocupante frecuencia a resolver en forma violenta los conflictos Ordinarios a ejercer la justicia privada y a intimidar para imponer sus criterios.
Actores armados responsables del desplazamiento. |
Autodefensas | 3% |
Fuerzas militares | 16% |
Policia Nal. | 3% |
Otros | 16% |
Mil.Pop. Urbanas | 2% |
Narcotráfico | 2% |
Guerrilla | 26% |
Paramilitares | 32% |
Los asesinatos selectivos, las masacres, las amenazas, el miedo y la zozobra, motivan el desplazamiento o generan factores que alimentan la migración forzada. Estas formas de violencia constituyen referentes negativos para el normal desarrollo y crecirniehto de los niños que perdieron sus padres, familiares o amigos o aquellos que huyeron con las imágenes de terror en sus memorias.
Con este documento se pretende ofrecer una aproximación a los procesos
migratorios internacionales en América Latina y el Caribe desde una
perspectiva de género y derechos humanos, en particular los derechos
sexuales y reproductivos de las poblaciones migrantes, refugiadas,
desplazadas y traficadas. Dicho esfuerzo apunta a profundizar en las
interrelaciones entre género, migración –ya sea ésta voluntaria o
forzada-y derechos sexuales y reproductivos y, de esta manera,
vincularse con fenómenos mundiales y regionales como la globalización
económica y cultural, la erradicación de la pobreza, la promoción de una
agenda internacional de derechos humanos y de las mujeres, la aparición
de amenazas contra la seguridad global como la epidemia del VIH/SIDA, las
nuevas formas y dimensiones de los desplazamientos provocados por
conflictos armados o el tráfico de mujeres, adolescentes y niños con
fines de explotación sexual comercial.
POBLACIONES MOVILES: UNA MIRADA DESDE LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
Los derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones migrantes,
refugiadas y desplazadas están enraizados en el derecho internacional a
través del derecho internacional general sobre derechos humanos, el
derecho humanitario, el derecho de los refugiados y otros documentos
internacionalmente consensuados, en particular el Programa de Acción de
Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing.
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966) se refiere en su artículo 12 al derecho a gozar del mayor nivel de
salud física y mental. En 2000, el Comité sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales formuló una observación general al artículo 12 (2)
del tratado en la que afirma que éste implícitamente incluye los
siguientes derechos: a la salud materna, infantil y reproductiva,
incluidos servicios de salud sexual y reproductiva así como los recursos
necesarios para actuar con esta información; el derecho a la prevención,
tratamiento y control de ITS, en particular el VIH/SIDA, incluidos
programas de prevención y educación para cuestiones vinculadas a
conductas relacionadas con la salud; y el derecho a servicios, bienes y
educación en salud. El Comité ha enfatizado que los refugiados,
solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados son poblaciones
particularmente vulnerables y marginalizadas que se benefician de todos
los derechos mencionados de acuerdo con la cláusula no discriminatoria
del tratado.
La CEDAW, por su parte, incluye entre sus requerimientos la eliminación
de la discriminación basada en el género en la atención de la salud y
conmina a los países a atender las necesidades específicas de las mujeres
en este ámbito. En 1999, el Comité de la CEDAW acordó una Recomendación
General al artículo 12 de la Convención, en la cual se afirma que el
acceso a servicios de salud debe incluir atención de la salud
reproductiva para todas las mujeres, incluso para aquéllas que no residen
legalmente en el país. De hecho, el Comité especificó que una
preocupación especial deberá existir por las necesidades y el derecho a
la salud de las mujeres refugiadas y desplazadas.
Aunque generalmente no se hace referencia a la Convención sobre los
Derechos del Niño al tratar el tema de los derechos reproductivos, sin
embargo, al definir la Convención a los niños/as como seres humanos
menores de 18 años, está, de hecho, incorporando a las y los
adolescentes. En este sentido, se dan algunas interpretaciones del
derecho a la salud y a buscar, recibir e impartir información que dicho
tratado garantiza para los niños/as como base para promover el derecho de
los y las adolescentes al acceso a información sobre salud reproductiva,
que incluya ITS y VIH/SIDA, planificación familiar y abuso sexual.
Destaca también la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la
cual reconoce el derecho a la protección efectiva del Estado contra toda
violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de
funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.
Asimismo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a
recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria
para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en
condiciones de igualdad de trato con los nacionales. Esa atención médica
de urgencia no podrá ser negada por motivos de irregularidad en lo que
respecta a la permanencia o al empleo.
Sin embargo, han sido documentos internacionalmente consensuados, como el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (Cairo, 1994) y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), los que han tenido un papel más
destacado en un reconocimiento amplio de la importancia de los derechos
sexuales y reproductivos de las poblaciones migrantes, refugiadas y
desplazadas. El Programa de Acción de Cairo reconoce que los migrantes y
personas desplazadas tienen un acceso limitado a la atención de la salud
reproductiva y que pueden estar expuestos a graves riesgos para su salud
y sus derechos reproductivos. Propone además medidas para velar por que
todas las personas desplazadas reciban servicios básicos de atención de
la salud, inclusive servicios de salud reproductiva y de planificación de
la familia. En cuanto a los migrantes, fundamentalmente los
indocumentados, también se recomienda la prevención de su explotación y
la protección de sus derechos humanos fundamentales así como que se
prevenga el tráfico internacional de migrantes, especialmente con fines
de prostitución.
GENERO, VULNERABILIDAD Y FRONTERA: UNA PERSPECTIVA NECESARIA
La migración femenina como objeto de reflexión y análisis es
relativamente reciente. De hecho, tanto a nivel internacional como
regional, hasta mediados de la década de los 70, los estudios sobre
migración se caracterizaron por la ausencia casi completa de una
vinculación entre procesos migratorios y participación femenina tanto en
la formulación teórico-metodológica sobre migraciones como también en las
investigaciones empíricas y en las propuestas de políticas públicas. Este
desinterés, que paradójicamente coincidía con el reconocimiento de la
feminización de las migraciones internas en los países en desarrollo en
los 60 y 70 así como con evidencias empíricas de dicho fenómeno en la
región latinoamericana, tuvo consecuencias tales como la falta de interés
en la selectividad femenina de los flujos migratorios internos, su
caracterización como migración asociacional, la consideración de las
actitudes de riesgo y emprendimiento como exclusivamente masculinas y la
invisibilización del trabajo remunerado de las mujeres migrantes.
Los años 70 constituyeron el punto de partida para el desarrollo de las
primeras propuestas teóricas relativas a género y migraciones. Estos
modelos posibilitaron la incorporación del sexo como variable de
análisis, la introducción de la división sexual del trabajo para
documentar la diversidad de actividades femeninas y la situación de
subordinación de las mujeres en la esfera económica así como el
progresivo reconocimiento de la participación autónoma femenina en los
flujos de población motivada por determinaciones de carácter
estrictamente económico. Dentro de esta línea de análisis, buena parte de
las investigaciones sobre migración y participación femenina que se
realizaron en América Latina y el Caribe estuvieron dominadas por el tema
de la inserción desigual de hombres y mujeres en los mercados de trabajo,
siendo ésta una preocupación que ha predominado hasta la actualidad.
Durante la década de los 90, una nueva propuesta de análisis del tema de
migraciones trasciende la incorporación del género como variable (sexo)
para posicionarlo como concepto teórico central y principio estructurador
de los movimientos migratorios. Ello tiene como consecuencia una
propuesta de análisis que parte del reconocimiento de que las ideologías,
jerarquías y relaciones de género influyen de forma diferenciada en las
probabilidades de migración de hombres y mujeres y en sus resultados
migratorios. Esta nueva mirada permite valorizar la trascendencia de la
construcción de género en la composición por sexo de las migraciones, su
causalidad, consecuencias, variedad y duración de los desplazamientos.
Asimismo, promueve una creciente consideración analítica en la migración
femenina de dimensiones relativas a la composición y estructura de los
hogares, la posición de las mujeres en su seno, la edad y el ciclo de
vida, el estado civil y diversidad de formas de emparejamiento así como
la presencia de hijos/as, cruzadas por ejes de inequidad como la
pertenencia étnica y socio-económica. Esto ha conllevado una creciente
preocupación por las relaciones entre migración, dinámica intra-familiar,
situación de las mujeres y repercusión de los desplazamientos en los
roles de género tanto en los países de origen como de destino.
En América Latina y el Caribe, diferentes estudios realizados dentro de
esta perspectiva han arrojado luz sobre el carácter determinante de las
relaciones de género en la interpretación y complejidad de las
migraciones recalcando cómo la subordinación y/o dependencia de las
mujeres forma parte de los aspectos que organizan la movilidad
territorial. Un número creciente de investigaciones han complejizado el
tema al profundizar en la diferente construcción social que hombres y
mujeres hacen de la migración o bien han complementado las tradicionales
causalidades económicas con aspectos inherentes a las inequidades de
género experimentadas por las mujeres, como la falta de oportunidades o
la violencia intra-familiar y doméstica. De igual manera, se constata
cómo, en determinados contextos, el papel diferencial por sexo asignado
en la reproducción hace que el contexto familiar sea más importante en
las migraciones femeninas que en las masculinas. Las investigaciones han
permitido comprobar cómo, en determinados contextos, las mujeres solas y
con hijos tienen mayores riesgos de ser expulsadas de las economías
rurales de países como Costa Rica, México, Haití, Guatemala y Perú, que
el mayor número de miembros de la familia puede promover la migración de
las mujeres y que, en comunidades indígenas, las causas de la migración
femenina están estrechamente relacionadas con la ruptura o ausencia de
vínculos con un varón, la poliginia y la soltería.
No obstante y a pesar de los avances experimentados en el análisis de la
relación entre género y migración, se constata una necesidad cada vez más
urgente de adicionar un enfoque transnacional a la migración voluntaria o
forzosa femenina que permita vincularla con fenómenos mundiales como la
globalización económica y cultural, la promoción de una agenda
internacional de derechos humanos y de las mujeres, la aparición de
amenazas globales como la epidemia del VIH/SIDA, las nuevas formas y
dimensiones de los desplazamientos de personas provocados por conflictos
armados o la práctica del tráfico de mujeres y niños con fines de
explotación sexual comercial. En este contexto, resulta imprescindible
avanzar en un modelo de análisis que permita comprender cómo las
ideologías, jerarquías y relaciones de género operan simultáneamente a
través de diferentes geografías genéricas de poder en escalas espaciales
y sociales representadas por el cuerpo, la familia, el Estado o las
fronteras internacionales. Dicho modelo ofrece la oportunidad de
visibilizar cómo dentro de estos espacios geográficos, económicos,
sociales y culturales transnacionales, las inequidades de género se
reafirman, se reformulan o, en el mejor de los casos, pueden ser
renegociadas desde un enfoque integral de derechos humanos de las
poblaciones migrantes, desplazadas, refugiadas y traficadas.
Esta propuesta de análisis persigue aproximarse a las inequidades
sociales y de género junto con las prácticas de violación de los derechos
humanos de las mujeres, en particular de sus derechos sexuales y
reproductivos, desde un enfoque de vulnerabilidad entendida como aquella
parte del riesgo vinculado más estrechamente con las estructuras sociales
que con las conductas individuales. De esta forma, la vulnerabilidad se
convierte en un indicador de inequidad y desigualdad sociales que exige
respuestas en la estructura socio-económica y política. La vulnerabilidad
es pues determinante de los riesgos diferenciales que corren hombres y
mujeres y resultaría en vidas que transcurren en el riesgo más que en
prácticas de riesgo. En el caso de las migraciones internacionales, las
fronteras representan espacios geográficos, socio-económicos y culturales
que poseen identidad propia, que unen y a la vez dividen, en los cuales
convergen situaciones de vulnerabilidad física, social y de género
relacionadas con la ausencia de recursos y la pérdida de los derechos más
elementales. A este respecto, es importante destacar que las regiones
fronterizas han constituido tradicionalmente espacios vulnerables en el
campo epidemiológico, puntos de encuentro de diferentes entornos sociales
y políticas de atención a la salud y de prevención de las enfermedades.
En consecuencia, atravesar la frontera puede constituir un riesgo así
como una amenaza de muerte, en especial en situaciones de migración
indocumentada, desplazamiento forzado y tráfico de personas.
Diversos informes a nivel mundial y en América Latina y el Caribe
constatan la mayor situación de vulnerabilidad de las mujeres y niños en
las migraciones internacionales en todas las etapas del proceso
migratorio: reclutamiento, traslado, tránsito por la frontera y llegada
al país de destino. En dichos trabajos, se comprueba cómo las mujeres
asumen los costos de la migración de forma diferencial con respecto a los
hombres, exponiéndose a mayores riesgos de violencia, de abuso y coacción
sexual, a la imposibilidad de negociar sexo seguro, a embarazos no
deseados, al contagio de ITS -incluido el VIH/SIDA-, a la prostitución
como única vía de inserción laboral o, en el peor de los casos, a la
muerte. Investigaciones realizadas en la frontera sur de México han
demostrado que un 70% de las migrantes sufren violencia y que un 60%
sufre algún tipo de abuso sexual durante el viaje, que puede ir desde la
coacción sexual a la violación. En este contexto, las mujeres no
acompañadas y las mujeres jefas de hogar enfrentan el mayor riesgo de
violencia sexual.
Las que podrían denominarse contra-geografías de la globalización
estarían, en determinados casos, reforzando la subordinación de las
mujeres y las jerarquías inequitativas de género a través de la aparición
de fenómenos como la feminización de la supervivencia o la globalización
de la maternidad. La feminización de la supervivencia se relacionaría con
el comercio sexual global al que se ven obligadas (o forzadas) para
asegurar la supervivencia de sus hogares un número cada vez mayor de
mujeres de países en desarrollo, muchas de ellas madres solteras o hijas
dependientes, y en contextos caracterizados por los programas de ajuste
estructural junto al creciente desempleo. Desde otra perspectiva, la
globalización de la maternidad resultaría de una progresiva
mercantilización a escala nacional y transnacional de la asistencia, el
cuidado y la crianza, que conduciría a la migración de mujeres pobres
desde los ámbitos rurales a los urbanos y desde los espacios nacionales a
los internacionales. Desde la otra cara de la realidad, la migración y
las relaciones transnacionales pueden contribuir a flexibilizar la
división sexual del trabajo o bien transformar los modelos tradicionales
de masculinidad y feminidad. Los procesos migratorios también pueden
incidir en la resignificación y renegociación de las normas y prácticas
relativas a la sexualidad y la reproducción de hombres y mujeres. De esta
forma, los derechos sexuales y reproductivos pueden constituirse en las
llaves que abran las agendas y las políticas migratorias de los países de
origen y de destino para posicionarlas plenamente en la vanguardia de un
enfoque universal e integral de derechos humanos capaz de hacerse carne
ante cuestiones como el abuso sexual o las prácticas contra la dignidad
así como la salud de las mujeres migrantes, refugiadas, desplazadas y
traficadas.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE POBLACIONES MIGRANTES; REFUGIADAS;
DESPLAZADAS Y TRAFICADAS EN AMERICA LATINA EL CARIBE
Migración femenina:
Un diagnóstico desde la salud sexual y reproductiva
En cuanto a las características socio-demográficas de las migrantes
residentes en los países de destino, no se dispone de demasiada
información para el conjunto de los países de la región. Un caso
particularmente bien documentado es el de las migrantes nicaragüenses en
Costa Rica. Según la ESRM 1999, casi una cuarta parte tiene entre 20 y 24
años mientras que un 56% tiene primaria incompleta o ningún grado de
primaria. Los datos de que se disponen para otros países de la región
presentan algunos resultados disímiles a los observados en el caso de
Costa Rica en lo que se refiere a la escolaridad de las migrantes. Sólo
en República Dominicana y Belice se observan porcentajes de educación
primaria o ningún grado de primaria considerablemente más bajos para las
migrantes que para las nativas. Por el contrario, según los datos de las
Encuestas, en Perú, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Colombia,
la población femenina nativa tendría niveles inferiores en los primeros
tramos educativos. De hecho, se observa un considerable porcentaje de
mujeres migrantes con estudios superiores en Perú, Guatemala, Nicaragua,
Honduras, Bolivia y Colombia.
En lo referente al comportamiento reproductivo y uso de servicios de
salud por parte de la población migrante en el lugar de destino, las
informaciones existentes son relativamente escasas. Lo cierto es que la
evidencia empírica de que se dispone en países como Costa Rica muestra
que la tasa de fecundidad de las migrantes es un 40% mayor que la tasa
correspondiente a las costarricenses. Los datos que proporcionan las
Encuestas acerca del número de hijos nacidos vivos desagregados por la
condición migrante o nativa de las madres (Tabla I), muestran que en
República Dominicana, Belice, Costa Rica y El Salvador las migrantes
tenderían a tener un mayor número de hijos (de 3 a 10 y más) que las
nativas mientras que en Perú, Guatemala y Nicaragua se daría el fenómeno
contrario. En general, las migrantes declaran en proporciones más
elevadas que las nativas no haber deseado el último embarazo.
En cuatro países de la región (República Dominicana, Costa Rica, Perú y
Colombia) existiría un uso menor de métodos anticonceptivos por parte de
las migrantes con respecto a las nativas (Tabla II). En Costa Rica,
aunque una proporción elevada de inmigrantes en unión usa anticonceptivos
(70%), ésta es menor que la alta proporción de las costarricenses, que
alcanza el 80%. En cuanto al tipo de método utilizado, se observa en 5
Estados (República Dominicana, Perú, Belice, Nicaragua y Colombia) que
las migrantes presentan porcentajes más altos en la utilización de método
anticonceptivos tradicionales que las nativas.
El uso de servicios de salud por parte de las migrantes es, en general,
menor que en el caso de las nativas. Así, en países como República
Dominicana, Perú, Costa Rica, Belice y Nicaragua, el porcentaje de
mujeres migrantes que ha recibido un control prenatal es
considerablemente menor que el de las nativas (Tabla III). En Costa Rica,
las actividades de salud preventivas tienen menor cobertura entre las
nicaragüenses: un 27% acostumbran auto-examinarse los pechos como medida
preventiva del cáncer mamario (45% nativas) y un 37% se hicieron
papanicolau en el último año (45% nativas). Aunque las nicaragüenses
utilizan considerablemente los servicios de salud del país, lo hacen en
un porcentaje menor al de las costarricenses: un 66% consultó a un médico
en el último año (83% nativas), un 59% tuvo control prenatal adecuado
(83% nativas) y un 91% recibió atención profesional del parto (96%
nativas).
En cuanto a conocimiento y contagio de ITS por parte de las migrantes,
sólo se dispone de información en República Dominicana, Perú, Nicaragua y
Colombia. Los datos muestran un fuerte contraste entre República
Dominicana, donde el 26.1% de las migrantes no ha oído hablar de las ITS
en comparación con el 2.8% de las nativas, mientras que en Perú y
Colombia existe una mayor información entre las migrantes,
particularmente en el caso colombiano, donde el total de las migrantes
dice tener conocimiento al respecto. Tratándose del contagio de alguna
ITS durante los últimos 12 meses (Tabla IV), destaca la alta incidencia
en migrantes y nativas de República Dominicana así como en migrantes de
Nicaragua y Colombia. En lo referente a conocimientos sobre el VIH/SIDA,
casi 9 de cada 10 mujeres migrantes y nativas (a excepción de las
guatemaltecas) dicen haber oído hablar del SIDA. Sin embargo, a la
pregunta de si tienen conocimiento de alguna manera de evitar la
enfermedad, las migrantes de República Dominicana, Guatemala, Belice y
Nicaragua declaran estar menos informadas en comparación con las nativas.
En Perú, Nicaragua y Colombia, donde se dispone de información sobre la
violencia hacia la mujer desagregada para migrantes y nativas, se observa
en los tres casos que las migrantes sufren menos limitaciones del esposo
o pareja en sus contactos familiares y sociales a la vez que la violencia
por parte de la pareja es menor, exceptuando en Perú. Sin embargo, se
constata que en situaciones de violencia intra-familiar y doméstica las
migrantes buscan menos ayuda de la policía y atención en los centros de
salud que las nativas (Tabla V). De hecho, en los tres países
mencionados, el 100% de mujeres migrantes declara no haber acudido a un
centro de salud en busca de ayuda médica.
Conflictos armados y desplazamientos: la vulnerabilidad de las mujeres
Al igual que ocurre en el caso de la migración indocumentada, las
situaciones de vulnerabilidad por razones políticas, socio-económicas,
étnicas y de género se acentúan y agravan en los conflictos armados como
también en los desplazamientos. En el caso de Colombia, existen
informaciones fehacientes procedentes de investigaciones nacionales e
internacionales sobre las violaciones perpetradas contra los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres por parte de los diferentes
grupos armados involucrados en el conflicto. En este sentido, las
consecuencias del conflicto armado en los derechos de las mujeres pueden
analizarse desde una triple perspectiva: las formas de violencia contra
la mujer durante el conflicto, las consecuencias tanto para las mujeres
combatientes como para la población desplazada.
En lo referente a las formas de violencia contra la mujer durante el
conflicto, parece haberse legitimado por parte de los grupos en disputa
la violencia sexual contra la mujer, la prostitución y la esclavitud
sexual en las zonas ocupadas militarmente. Junto a la violación y el
secuestro, que practican todos los grupos armados, los paramilitares han
empezado a ejercer otras formas de control que se basan en la imposición
de limites territoriales a la libertad de circulación de la población así
como en el castigo a través de la violación y muerte de las mujeres de
las comunidades que los quebrantan. Asimismo, se han detectado
restricciones sociales al comportamiento de las mujeres y el
recrudecimiento de valores inequitativos y discriminatorios para las
mujeres en las zonas ocupadas. El hecho de que las violaciones sean
seguidas de asesinato hace que muchas de ellas sólo figuren en las
estadísticas de los asesinados. Existen también noticias del
reclutamiento de mujeres como esclavas sexuales, combatientes,
informantes, guías y mensajeras. El control forzado de la natalidad es un
tipo de violencia de género y de violación de los derechos reproductivos
que padecen las jóvenes en los grupos armados. Según afirma la Defensoría
del Pueblo, el aborto forzado es práctica corriente. Por otro lado, se ha
constatado que alrededor del 70% de las mujeres integradas a los grupos
armados padecen algún tipo de ITS.
En lo que se refiere al desplazamiento propiamente dicho, las
estimaciones de la proporción de mujeres y niños desplazadas en Colombia
alcanzan el 74% de los desplazados, o incluso el 80%, oscilando la
representación de las mujeres entre el 49% y el 60% del total. El 55% de
las mujeres desplazadas tiene menos de 18 años a la vez que se calcula
que un 56.4% de las familias desplazadas están dirigidas por mujeres.
Sobre la situación de salud sexual y reproductiva de la población
desplazada en Colombia, en 2001 se publicó la Encuesta Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva en Población Marginal y Desplazada (PROFAMILIA), de
la que se desprende que las mujeres víctimas de desplazamiento y que
residen en zonas marginales planifican menos, tienen embarazos más
frecuencia y familias más numerosas. En la actualidad, el promedio de
hijos vivos que tuvieron las mujeres desplazadas entre 40 y 49 años es de
5.3 hijos, la cifra más alta para todo el país. De las mujeres en edad
reproductiva entrevistadas durante la encuesta, el 8% se encontraban
embarazadas, porcentaje que dobla el de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDS 2000) para el total del país, mientras que 2 de
cada 5 mujeres no deseaban ese embarazo. A los 16 años, en promedio, las
mujeres víctimas de desplazamiento forzado y aquéllas residentes en
sectores marginales ya han iniciado su vida sexual (edad mucho más
temprana que la registrada para el promedio de mujeres del país). En este
sentido, las adolescentes desplazadas y vecinas de sectores marginales
ostentan el índice más alto de embarazos a escala nacional. De hecho, el
30% de las adolescentes residentes en zonas marginales ya son madres o
están embarazadas de su primer hijo, cifra que casi duplica los índices
de embarazo adolescente registrados en toda Colombia.
Según la Encuesta, 30 de cada 100 mujeres entrevistadas entre 15 y 49
años actualmente unidas, no emplea ningún método de planificación
familiar. El 77% de todas las mujeres desplazadas dice haber utilizado
alguna vez un método anticonceptivo moderno, habiendo iniciado su uso
antes de tener un hijo el 22% del total y un 37% después del primer
parto. Debe señalarse que este registro está 20 puntos por debajo del
reportado en la ENDS 2000, lo cual permite concluir la poca frecuencia
con que las mujeres desplazadas usan anticonceptivos como forma de
espaciar los nacimientos.
En lo que se refiere a las ITS y el VIH/SIDA en las comunidades
marginales, existe un nivel de conocimiento considerable que alcanza el
79% de las mujeres, frente al 58% de conocimiento registrado en todo el
país (ENDS 2000). Sin embargo, un 28% de las mujeres no sabe identificar
ningún síntoma mientras que sólo un 37% reconoce dos o más. Asimismo, el
19% de las mujeres entre 13 y 49 años ignora cómo evitar el contagio del
SIDA, en particular las adolescentes, mayores de 40 años y solteras con o
sin relaciones sexuales. 1 de cada 3 mujeres siente que puede ser
propensa a contraer la enfermedad pero sólo 1 de cada 2 sabe a dónde
acudir para practicarse la prueba del VIH.
De igual modo, los resultados de la Encuesta muestran que las mujeres
desplazadas son doblemente violentadas: el 50% de las mujeres
entrevistadas ha sido víctima de agresiones físicas. Cerca del 80% de las
mujeres padecen situaciones extremas de control por parte de sus cónyuges
mientras que el 24% ha sido violada, siendo responsable en el 14% de los
casos el esposo o compañero. Entre las mujeres alguna vez embarazadas, el
20% ha sido objeto de violencia física durante el embarazo.
La trata de mujeres y niños:
consecuencias para la salud sexual y reproductiva
Un caso particularmente dramático que relaciona directamente la trata de
niños con la violación de los derechos reproductivos de las mujeres
madres es Guatemala, donde se han denunciado las implicaciones de
determinadas redes con personal del sector salud para la venta de niños.
Existen referencias de redes de agentes reclutadores, con frecuencia
mujeres, que pagan a las comadronas rurales para que inscriban en el
registro el nacimiento de un niño inexistente, utilizando un nombre falso
para la madre biológica. Otros fenómenos novedosos y preocupantes
consisten en la contratación de mujeres para que conciban un hijo,
inscriban su nacimiento, cuiden de él tres meses y lo entreguen
finalmente en adopción o bien el pago a mujeres para que abandonen a sus
hijos en un hospital o en sus cercanías. Las mujer embarazadas que han
convenido vender a su hijo ya ingresan en el hospital con una tarjeta de
identificación a nombre de los padres adoptivos para que la partida de
nacimiento se extienda a nombre del comprador. Esta práctica de las
madres falsas fue descubierta en 1997 por la Embajada de Canadá al
someter a los bebés y sus madres a las pruebas de ADN. De igual manera,
se han denunciado actividades ilegales dentro de los propios hospitales,
teniéndose noticias de personal de salud que ha falsificado el parte
facultativo de alumbramiento, de asistentes sociales que facilitan la
declaración de desamparo y de médicos que engañan a la madre biológica,
informándoles que el recién nacido está gravemente enfermo. Además, se
han notificado casos de desaparición de hijos/as recién nacidos de
mujeres pobres que, por falta de recursos, se ven imposibilitadas de
visitarlos diariamente en el hospital.
Los estudios y testimonios sobre la trata para explotación sexual
comercial concluyen que sobre las víctimas se ciernen innumerables
amenazas para su salud, en particular su salud sexual y reproductiva:
violencia física y abuso sexual, falta de protección y de capacidad de
negociación en relaciones sexuales de riesgo, embarazos no deseados y
abortos inseguros, altas probabilidades de contagio de ITS y del VIH/SIDA
y falta de acceso a información y servicios de salud. En un estudio sobre
el comercio del sexo en los Estados Unidos, se comprobó que el 73% de las
entrevistadas había sido víctima de castigos físicos por lo menos una vez
por parte de traficantes o de proxenetas o bien por parte de ambos.
Asimismo, se ha visto que se recurre a la agresión física y a la
violación para iniciar a las mujeres en la industria del sexo y para
obligarlas al cumplimiento. En Venezuela, una encuesta realizada con
mujeres traficadas reveló la existencia de estas prácticas de violencia
física y sexual así como datos adicionales sobre los abusos sexuales
realizados por policías y médicos a los que se había acudido en busca de
tratamiento. Entre las principales formas de violencia, medios de control
y amenazas realizadas por traficantes, proxenetas y clientes se
encontraban el abuso emocional, las amenazas verbales, el control a
través del uso de drogas/alcohol y el daño físico. El 90% de las mujeres
entrevistas en Venezuela declaró haber sido objeto de violencia de parte
de los clientes.
En este contexto, la prevención de embarazos involuntarios, de abortos y
de las ITS y VIH/SIDA depende, en gran medida, de las posibilidades de
acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud. La realidad
muestra que las mujeres y niñas traficadas cuentan con poco o ningún
acceso a la atención de salud u otros servicios sociales. Donde esos
servicios se encuentran disponibles, las víctimas del tráfico enfrentan
obstáculos casi insuperables para hacer uso de ellos, como, por ejemplo,
la falta de autorización para salir del prostíbulo, barreras idiomáticas,
falta de información o temor a represalias y a la deportación. Con
frecuencia, las mujeres se ven imposibilitadas de pagar los servicios de
salud al tiempo que es altamente improbable que dispongan de algún seguro
de salud. Dichas mujeres deben afrontar múltiples inconvenientes
relacionados con su salud sexual y reproductiva, tales como embarazos
involuntarios, abortos en condiciones de riesgo y carencia de control
prenatal, derivados de la falta de acceso a información y a servicios de
salud. En ocasiones, las mujeres encuentran dificultades para responder a
preguntas vinculadas con su salud reproductiva, embarazos y abortos. Los
estudios de caso existentes concluyen que la mitad de las mujeres
informan del uso de métodos anticonceptivos durante su período de
prostitución pero no pudieron especificar si habían utilizado dichos
métodos de forma sistemática. Un 22% de las mujeres entrevistadas dicen
haber abortado durante su período de prostitución, de las cuales, el 66%
declara haber sido forzada a hacerlo.
En este contexto, las ITS constituyen una amenaza grave dado que la
actividad sexual temprana y la multiplicidad de parejas son factores de
riesgo agravados o atenuados en función tanto del número de clientes como
del uso de preservativos. Las víctimas del tráfico que no tienen acceso
al uso de condones o carecen de poder para negociar su uso se encuentran
especialmente en peligro. En cuanto al empleo de preservativo, 78% de las
entrevistadas dicen haber recibido información sobre el tema mientras que
de un 68% de los clientes que pareciera utilizar este método sólo el 28%
lo haría de manera voluntaria. Las razones de esta reticencia en el uso
del preservativo es que los clientes no están enfermos, que irrita sus
genitales y que el placer sexual disminuye. En lo que se refiere a las
ITS, incluido el VIH/SIDA, el 68% declaró tener conocimiento de las ITS,
VIH/SIDA y sus formas de prevención mientras que el 11 % había contraído
gonorrea o sífilis, un 34% había tenido síntomas como sangrado, comezón e
infecciones en el área genital. Finalmente, el 9% declaró haberse
contagiado del VIH/SIDA.
ACCIONES DEL UNFPA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE POBLACIONES MIGRANTES; REFUGIADAS Y DESPLAZADAS
La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 1994)
aborda, por primera vez, de manera sustantiva el tema de las mujeres
migrantes, refugiadas, desplazadas y traficadas desde un enfoque de
derechos humanos fundamentales a la salud, la salud sexual y
reproductiva, el acceso a servicios y a una vida libre de todo tipo de
violencia contra las mujeres. Cairo abre las puertas a una creciente
preocupación e interés a nivel tanto internacional como nacional por las
experiencias femeninas de fenómenos tales como los procesos migratorios,
los conflictos armados y el desplazamiento desde las consecuencias
diferenciales de estas situaciones entre hombres y mujeres. Estudios
pioneros realizados durante esos años mostraron la casi ausencia de
servicios de salud reproductiva disponibles para poblaciones refugiadas y
desplazadas así como de programas de planificación familiar y salud
reproductiva dirigidos a migrantes.
Siguiendo las recomendaciones emanadas del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo relativas a la
atención de la salud reproductiva de estos grupos, el Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA) convocó en junio de 1995, conjuntamente con el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un
simposio sobre la salud reproductiva de los refugiados. Este encuentro,
que contó con la participación de más de 50 agencias del Sistema de
Naciones Unidas, Gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs),
resultó en la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el UNFPA y
ACNUR para seguir colaborando en este tema en el futuro así como en la
creación de un Grupo Inter-Agencial de Trabajo para la Salud Reproductiva
de Refugiados (IAWG). El IAWG se constituyó de 32 miembros de agencias de
Naciones Unidas, Gobiernos y ONGs y organizaciones de investigación.
Algunos resultados del trabajo del IAWG han sido un Manual de Campo en
Salud Reproductiva para Situaciones de Refugio como instrumento para
apoyar la incorporación de los servicios de salud reproductiva en
situaciones de emergencia. El Manual detalla los servicios que se
requieren en una fase de emergencia, entre los que se incluye prevención
y tratamiento de la violencia sexual, y también aquéllos que deben
acompañar la fase de estabilización. Este documento práctico fue aprobado
por 33 Gobiernos, ONGs y agencias de Naciones Unidas y ha sido utilizado
en 17 países, apareciendo en 1999 una versión que recoge todad estas
experiencias de campo. Esto ha abierto también la oportunidad para la
realización de proyectos que atiendan las principales necesidades y
demandas de este tipo de poblaciones en países de Europa del Este,
África, Asia y América Latina.
Posteriormente, el UNFPA amplió este esfuerzo de promover el derecho a la
salud reproductiva a aquellas poblaciones víctimas de situaciones de
emergencia, no únicamente como resultado de conflicto armado, sino
también de desastres naturales. Para ello, se elaboró un documento sobre
Salud reproductiva para comunidades en crisis: respuesta de emergencia.
En 1999, UNFPA incorporó en el Estado de la Población Mundial un capítulo
sobre la salud reproductiva de refugiados y desplazados. Recientemente,
en noviembre de 2001, el UNFPA convocó una reunión consultiva sobre
transversalización del enfoque de género en áreas de conflicto y
reconstrucción. Este encuentro tenía como objetivo examinar y explorar el
impacto de los conflictos armados en mujeres y niñas así como la
formulación de estrategias e instrumentos para asegurar que los programas
de salud reproductiva reflejan las necesidades reales de las poblaciones.
En abril de 2002, como seguimiento a estos esfuerzos por visibilizar las
interrelaciones entre desplazamiento y salud reproductiva, el UNFPA
reunió en Nueva York a un grupo de expertos/as internacionales para
discutir el tema del aumento del VIH/SIDA en poblaciones desplazadas en
todo el mundo.
Estas acciones emprendidas por el UNFPA a nivel mundial han podido
operativizarse a través de la realización de proyectos nacionales para
promover la salud sexual y reproductiva y la equidad de género en
poblaciones desplazadas. A este respecto, destaca el proyecto en Colombia
de Atención a las Condiciones de Género y Salud Reproductiva en Población
Desplazada con Énfasis en Adolescentes. Esta iniciativa tiene como
objetivo mejorar la salud reproductiva de 500-1000 hogares seleccionados
entre población desplazada. Una primera fase consiste en la
caracterización de las condiciones de vida de distintos grupos en
diversas regiones del país para, de esta forma, obtener la información
necesaria para la selección de uno o más centros de intervención del
proyecto. Existe todo un conjunto de actividades relativas a información,
capacitación y elaboración de materiales dirigidas a audiencias tales
como prestadores/as de salud, autoridades municipales, líderes
comunitarios y organizaciones comunitarias de desplazados internos.
También en América Latina y el Caribe, el UNFPA ha abierto una brecha en
el trabajo con poblaciones que, como las Fuerzas Armadas, se caracterizan
por su movilidad y que son consideradas de riesgo para el contagio de
ITS, incluido el VIH/SIDA. En este sentido, existen en la región
proyectos con los ejércitos de Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Perú,
Paraguay y República Dominicana cuyo objetivo fundamental es mejorar las
condiciones de salud sexual y reproductiva de adolescentes, mujeres y
hombres a través del pleno ejercicio de sus derechos a la información, la
educación y a servicios de salud reproductiva.
Los campesinos de Darfur piden los medios para volver a cultivar
La FAO ha ayudado a 950 000 personas a reanudar las actividades agrícolas o incrementar la producción de alimentos
5 de octubre de 2005, región de Darfur, Sudán - En este territorio devastado por la guerra existe la voluntad de reanudar la agricultura y la ganadería, pero cientos de miles de personas desplazadas carecen de los medios necesarios.
A través de entrevistas a personas desplazadas en el interior del país, organizaciones no gubernamentales, funcionarios del gobierno y personal de campo de la FAO desplegado en Darfur se percibe que a pesar de la violencia que sufre la región, ha llegado el momento de redoblar el apoyo a numerosos campesinos y pastores que quieren regresar a sus tierras y pastizales.
"Cuando las milicias atacaron tres aldeas alejadas en diciembre de 2003, huyeron unas 9 000 personas, de las 14 000 que viven en la zona. Las milicias incendiaron las chozas de las tres aldeas y se llevaron todo el ganado −explica Mohamed Adam Isag, el umda o jefe de un grupo de aldeas de Bulbul Dalal Alangra, en Darfur meridional−. Muchas de estas personas han regresado este año, pero otras necesitan apoyo para volver. Mientras tanto, los campesinos sólo trabajan cerca de las aldeas, por temor a cultivar parcelas más alejadas, y ha disminuido mucho la producción de alimentos."
La FAO, a través de una ONG, ha ayudado a la aldea, tanto a los que han regresado como a los que no huyeron pero que han compartido lo que tienen con los que han vuelto. Los cultivos de mijo, un alimento básico en la zona, se encuentran crecidos en los campos cercanos a la aldea, gracias a las 18 toneladas de semillas aportadas a principios de este año. También se proporcionaron arados de tiro, aperos de mano y asesoramiento agrícola.
En los tres estados de la región de Darfur la FAO ha ayudado a 950 000 personas, tanto a desplazados que han regresado como a la población de las comunidades de acogida, para reanudar o incrementar la producción de alimentos, a fin de hacer frente a la crisis. Los insumos aportados a la fecha comprenden: 1 500 toneladas de semillas, 250 000 aperos manuales y 6 000 arados.
Con todo, la producción de alimentos sigue en crisis, según Fadul Eldom Ahmed, Director de los Servicios Agrícolas del Darfur Occidental, quien estima que la tierra cultivada en esta región descendió en 2004 al 30 por ciento respecto a los niveles normales y al 66 por ciento en el año en curso. La FAO estima que en este año sólo está en producción el 45 por ciento de la superficie agrícola.
"Si se logra la paz en la región volverá a casa la mayoría de la población, y no habrá necesidad de más ayuda alimentaria. En ese momento se necesitarán 3 000 toneladas de semillas, herramientas y asistencia técnica sólo en el Darfur Occidental para ayudar a la población a producir más que antes", prevé el Director de los Servicios Agrícolas.
En el Darfur existen dos puntos de vista: algunos afirman que todavía está muy generalizada la violencia para ofrecer asistencia a gran escala para el restablecimiento de los medios de subsistencia, como la agricultura y el pastoreo. Otros consideran que la asistencia de emergencia y la de restablecimiento deben ir de la mano.
Demere Seyoum, director sobre el terreno de World Relief, una ONG que colabora con la FAO en el suministro de insumos a los agricultores, considera que muchos residentes que se han visto obligados a abandonar sus tierras están dispuestos a regresar "a pesar de los riesgos".
"Van en grupos de 10 a 12 mujeres para protegerse, recorren 4, 5 o 6 kilómetros desde los campamentos hasta sus aldeas, que fueron destruidas, para cultivar sus tierras −explica Sesyoum−. Sin duda es peligroso, primero por motivos de seguridad, pero también por el riesgo de invertir un gran esfuerzo para obtener pocas ganancias. Con poca cosa se puede realmente ayudar a estos campesinos a producir mucho más."
"Sostenemos que la gente quiere regresar a sus tierras. Nos aseguran que la situación de la seguridad es positiva −afirma Hashim Zakaria, jefe del Comité Sudanés Popular para el Socorro y el Restablecimiento en el Darfur del Sur, una ONG que trabaja con la FAO−. Pero la comunidad internacional está más interesada en financiar actividades humanitarias."
La FAO sigue proporcionando asistencia agrícola de urgencia y para el restablecimiento a esta población vulnerable en Darfur siempre que es posible y lo permiten las condiciones locales.
Estas mujeres desplazadas en El Geneina, Darfur Occidental, aprendieron a producir estufas que consumen menos combustible en un taller con apoyo de la FAO
Mujeres desplazadas por el conflicto en el campamento de Otah, en las afueras de Nyala, Darfur del Sur, reciben pollos en un proyecto apoyado por la FAO
Ya son más de treinta y siete los países en los que la inseguridad alimentaria ha provocado protestas. Las primeras tuvieron lugar en México el año pasado por el aumento exagerado del precio del maíz. También en Myanmar (antigua Birmania) la insurrección de los monjes, en septiembre de 2007, comenzó por manifestaciones de descontento contra la carestía de los alimentos. Y en las últimas semanas hemos asistido a tumultos en diversas ciudades de Egipto, Marruecos, Haití, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Bangladés, Malasia y sobre todo de África Occidental (Senegal, Costa de Marfil, Camerún y Burkina Faso).
Son rebeliones de los más pobres y limitadas al ámbito urbano. El campesinado, por el momento, no se ha amotinado, y las clases medias no se han sumado al alboroto. Pero lo harán si los precios de la comida siguen aumentando. Y éstos subirán pues lo paradójico de la situación es que nunca la producción agrícola había sido tan abundante. O sea que la carestía actual no se debe a la penuria, sino a otros factores. Habrá pues nuevos amotinamientos por hambre y durante un largo periodo. Que se traducirán por nuevas oleadas de emigración. Pues la comida representa hasta el 75% de los ingresos de las familias de países pobres, contra un 15% en los países ricos.
Las migraciones internas e internacionales son un fenómeno muy significativo en África.
Esta exposición presenta un examen conciso de:
• Las principales características de las migraciones en el continente.
• La situación de las tres categorías principales de inmigrantes: trabajadores, refugiados e
inmigrantes internos, en lo que respecta a los derechos humanos.
• Las principales cuestiones que se desprenden de la migración a las que hace frente este
continente.
• Las principales convenciones y vías de recurso que existen tanto a nivel continental como
subregional.
1. Algunas características de las migraciones en África
Migraciones a gran escala que tienen diversos perfiles y que se dan principalmente
dentro del propio continente.
En los países subsaharianos se está dando un amplio número de movimientos por parte de distintos
tipos de emigrantes: trabajadores, refugiados e inmigrantes internos. Esta zona contiene tanto países
emisores (países subsaharianos, Zimbabue) como países receptores (Sudáfrica, Nigeria, República
Democrática del Congo).
La cifra de migraciones africanas es alta, en comparación con el número de habitantes del continente y
del mundo en general. De los aproximadamente 200 millones de personas desplazadas en el mundo en2006, en torno a un tercio eran de origen africano (incluyendo a África del Norte)1. Es más, África es
responsable de un tercio de los refugiados y migraciones internas del mundo2.
Estas migraciones se dan sobre todo dentro del continente africano. De hecho, la mitad de los
emigrantes africanos viven en otro país del continente3, y nueve de cada diez exiliados africanos
encuentran asilo en un país vecino de su país de origen4. Por lo tanto, son otros países africanos los
que sufren el impacto de una corriente migratoria a gran escala, añadida a los conflictos y desastres
naturales que se dan en el continente y que son responsables de un gran porcentaje de los inmigrantes
por trabajo.
1 Fuente: UA: reunión de expertos sobre la inmigración y el desarrollo del 3 al 5 de abril de 2006 en Argel.
2 Fuente: ACNUR. Según esta organización, en 2006 los desplazados eran 23,7 millones en el mundo, de los cuales 2,7
estaban en África.
3 Fuente: UA. op. cit.
4 Fuente: Michelle Guillon, La mosaïque des migrations africaines, Esprit, agosto-septiembre de 2005
Un antiguo movimiento con un nuevo formato
Las migraciones internas e internacionales son un rasgo tradicional de la historia africana: caravanas
de comerciantes, nómadas, rutas de esclavos, desplazamientos de estudiantes y trabajadores entre las
antiguas áreas coloniales, etc. Los pequeños desplazamientos a través de las fronteras son frecuentes,
sobre todo por parte de las comunidades que viven a ambos lados de una frontera (entre Mozambique
y Sudáfrica, Ruanda y el Congo, Burkina Faso y la Costa de Marfil, etc.) Estos movimientos continúan
e incluso aumentan debido a razones económicas y sociales o a crisis, a pesar de las crecientes
restricciones fronterizas. El resultado es que los inmigrantes se encuentran en una situación
administrativa irregular.
Desde los años cincuenta, el principal movimiento migratorio del continente ha sido el éxodo rural,
que ha aumentado la población de las áreas urbanas de 20 a 410 millones de habitantes entre 1950 y
20005. Sin embargo, este movimiento está remitiendo, y en algunos países incluso puede observarse un
retorno de la ciudad al campo. La causa principal son las dificultades económicas en las áreas urbanas.
Hoy en día los movimientos migratorios están evolucionando y volviéndose más complejos. Hay más
destinos, los desplazamientos son más largos (como demuestra la creciente presencia de africanos del
este en Sudáfrica), y la migración se compone de varias etapas: pagar el viaje, buscar vías de acceso al
país de destino y adquirir el trabajo o situación deseados. Algunos de los países emisores se convierten
asimismo en países receptores; no es extraño encontrar países emisores y receptores de refugiados
(como Sudán) o de trabajadores (Sudáfrica). Es más, la inmigración afecta ahora también a las
mujeres: suponen una parte muy significativa de los inmigrantes por trabajo, y son una de las
principales víctimas de los desplazamientos internos y el tráfico de personas.
2. Los tres tipos de inmigrante: refugiados, los desplazados internamente y
los trabajadores
Refugiados y solicitantes de asilo
De acuerdo con el “Alto Comisionado para los Refugiados” (HCR en inglés), hay unos 2,7 millones derefugiados en África6, de los cuales 773.500 buscan asilo. Los refugiados no son solamente individuos
(opositores políticos, activistas por los derechos humanos, periodistas, etc. que huyen de un régimen
amenazador), sino también poblaciones enteras que huyen de conflictos armados, ataques, hambrunas
y desastres naturales.
Los refugiados africanos provienen en su mayor parte de Sudán, Burundi, la República Democrática
del Congo, Somalia, Liberia, Togo, República Centroafricana y Ruanda. Como ya se ha señalado,
nueve de cada diez buscan refugio en un país vecino, y si es posible se reúnen en una región próxima a
la suya propia, donde la población hable su mismo idioma. Así, la República Democrática del Congo
ha recibido en torno a 1,2 millones de refugiados ruandeses desde 1994. Los refugiados suelen circular
en ambos sentidos: así, Sudán ha recibido 300.000 eritreos mientras que 400.000 sudaneses buscaron
refugio en Uganda, Etiopía, Kenia y la República Democrática del Congo7.
5 Idem
6 Aclaremos que este número, a pesar de ser considerable, está disminuyendo mucho, ya que en 1990 alcanzaba los 5,4
millones. Esta disminución se debe a la vuelta de una parte de los refugiados a su país, gracias a la solución de algunos
conflictos en la década de los 90. Fuente: Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, ONU,
Perfil regional: África subsahariana, disponible en: http://www.un.org/french/migration/africa.html.
7 Cf. Guillon, op. cit.
La mayoría de estos refugiados se reúne en campamentos bajo la protección del país receptor y/o de
algún organismo internacional, principalmente de ACNUR. Sus condiciones de vida son precarias.
Hay problemas de acceso al agua y a la comida, los alojamientos están saturados y escasamente
equipados, el acceso a la atención sanitaria es limitado y hay un gran riesgo de que se extiendan las
enfermedades. El acceso a cualquier empleo es muy reducido o nulo y la violencia es continua debido
a los ataques y la presencia de grupos armados dentro de los campamentos. Este alojamiento y esta
protección, además, sólo son transitorios, y los refugiados deben volver a su país en cuanto la
situación lo permite8.
Por otro lado, una parte de los refugiados africanos (principalmente de Somalia, Liberia, República
Democrática del Congo, Eritrea y Burundi) han hallado un refugio en los países del norte, como el
Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, Canadá, Bélgica, los Países Bajos y Suiza. En la mayoría
de estos países, sin embargo, se están estableciendo restricciones cada vez mayores a la entrada en el
país y a la concesión del estatus de refugiado. Este endurecimiento puede observarse también en
algunos países africanos; así, Sudáfrica se resiste a conceder el estatus de refugiado a los que reclaman
asilo desde Zimbabue y la República Democrática del Congo, alegando que la situación de sus países
no puede calificarse de conflicto o crisis política.
Desplazados internos
El África subsahariana es la región en la que más desplazados internos hay en el mundo. De los docemillones de desplazados internos en África, cerca de la mitad (5,3 millones) son sudaneses. Otros
países afectados por este fenómeno son Uganda, con 2 millones de desplazados; la República
Democrática del Congo con 1,6 millones; Costa de Marfil, con 700.000; Zimbabue con 570.000;
Somalia con 400.000 y Kenia con 381.0009.
La causa de estos desplazamientos son a menudo violaciones del derecho internacional humanitario
durante un conflicto armado. Los civiles, en su mayoría mujeres y niños, se ven obligados a huir de
sus hogares para protegerse de la violencia y las persecuciones, sin dejar necesariamente su país. Las
catástrofes naturales son otra causa, menos frecuente pero de igual importancia, de los
desplazamientos internos. Por ejemplo, las inundaciones de Kenia en 2006 provocaron el
desplazamiento de 24.000 personas.
Al igual que los refugiados, los desplazados internos se reagrupan en campamentos, en donde se
benefician en ocasiones de la protección y el apoyo de ACNUR o de alguna ONG. Otros se instalan de
manera más diseminada en un medio urbano o rural, entre ellos en la periferia de grandes ciudades
como Jartum o Nairobi. Sus condiciones de vida son especialmente precarias y están expuestos a
menudo a la violencia.
Inmigrantes trabajadores
La gran mayoría de los inmigrantes africanos son trabajadores que se desplazan a otros paísesafricanos o a otros continentes, como Europa. En África, los principales países receptores de
trabajadores son Sudáfrica, Nigeria, Gabón y hasta hace poco Costa de Marfil. Una parte de estos
inmigrantes acuden igualmente a los países del Magreb y de Oriente Próximo (Libia, Marruecos,
Argelia o Yemen). En un país como Gabón, un quinto de la población es inmigrante10. Sin embargo,
estos países receptores se van cerrando uno tras otro, situando así a los trabajadores en una situación
irregular u obligándoles a emigrar de nuevo, y a menudo aún más lejos, a nuevos países receptores.
8 Idem
9 HRC (Campaña por los Derechos Humanos), 2006.
10 Cf. Guillon, op. cit.
Una nueva tendencia dentro de las inmigraciones por trabajo reside en el importante número de
trabajadores altamente cualificados que emigran a los países del norte. Estas migraciones son tantas en
algunos países y algunas profesiones (entre otros del sector médico), que se puede hablar de una
verdadera “fuga de cerebros”. Así, según la OMS, 12.000 médicos sudafricanos y 900 médicos
ghaneses trabajan en un país de la OCDE, frente a los 33.000 y 3.200 respectivamente que trabajan en
sus países11. Estas migraciones crean un importante déficit de personal y de capacidad en sus países
natales, lo que debilita la accesibilidad y la calidad presentes y futuras de los servicios de salud y
educación, y suponen una traba para el desarrollo económico del país. Por otra parte, los países
africanos pierden lo invertido en la educación y formación de estos diplomados. La CNUCED estima
en 184.000 dólares el costo de perder un diplomado africano12 .
Paralelamente a esta fuga de cerebros, la mayoría de los trabajadores inmigrantes ocupan, sin
embargo, puestos que requieren poca o ninguna cualificación: obreros agrícolas o de la construcción,
pequeños comerciantes del sector formal o informal, etc. Sus condiciones de trabajo y de vida son en
general peores que la de los autóctonos. A menudo sufren discriminaciones en el trabajo,
especialmente cuando su situación es irregular: algunos empleadores se aprovechan de ellos para
imponerles unas condiciones de trabajo desfavorables (un salario inferior al salario mínimo, horas
extras no remuneradas, trabajos peligrosos, prohibición de sindicarse, etc.) Los trabajadores
inmigrantes, sobre todo los que están en una situación irregular, tienen a menudo también dificultades
para acceder a los servicios sociales (escuelas, centros de salud, pensiones...) y están más expuestos a
la presión y a la violencia policial.
El envío de dinero por parte de estos trabajadores inmigrantes constituye una ayuda esencial para sus
familias en su país de origen. Las transferencias de trabajadores africanos que viven en otros
continentes alcanzaron los 17.000 millones de dólares en el periodo 2000-3, lo que supondría un envío
de doscientos dólares por inmigrante y mes13. Estas transferencias son un recurso esencial que permite
a las familias cubrir sus gastos básicos (alimentación, salud, educación de los hijos, etc.), e incluso
construir una casa, invertir en una actividad económica, etc. Este dinero tiene también un efecto
multiplicador a nivel local: creación de nuevas tiendas o talleres, contratación de personal,
introducción de nuevas tecnologías, aumento de los impuestos y, por consiguiente de los fondos
públicos, etc. Esta repatriación salarial representa entre un 3 y un 4% del PIB de Nigeria, Malí, Kenia,
Uganda, en torno al 7% en Senegal y Togo y hasta un 26% en el caso de Lesoto14 .
3. Nuevas tendencias, nuevos retos
Los dramas de la emigración hacia Europa occidental
Desde principios de los 90, los dramas se multiplican en las fronteras de Europa, que se ha convertidoen una fortaleza: numerosos inmigrantes provenientes de África subsahariana mueren en pateras en el
Mediterráneo o en la bodega de un avión, son atrapados por la policía o por guardacostas europeos o
de otros países del Mediterráneo, se lanzan contra las alambradas que rodean Ceuta y Melilla o se
ocultan en los bosques cercanos mientras esperan su pasaje. Estos inmigrantes financian a menudo su
viaje gracias a los ahorros de una agrupación o endeudándose. Recorren varios países, realizan
trabajos aislados durante su camino, deben pagar a los contrabandistas y escapar de la policía… y
ponerse de nuevo en camino si son repatriados a su país de origen.
11 Cf. ONU, Diálogo de Alto Nivel, op. cit.
12 Id. es decir, una pérdida total de 18.400 millones de dólares, ya que el Banco Mundial calcula en 100.000 el número de
universitarios que han recibido toda o una parte de su formación en África y que ahora viven en los países del norte.
13 UN Office of the Special Adviser on Africa, Resource flows to Africa: An update on Statistical Trends, December 2005.
14 Cf. ONU: Diálogo de Alto Nivel, op. cit.
Sudán: uno de cada siete habitantes es un desplazado interno
Como respuesta a la creación de dos grupos armados de oposición en febrero y en abril de 2003, el
gobierno sudanés ha estado apoyando a las milicias nómadas con el objetivo de atacar las ciudades de
los grupos asentados en Darfur, en el oeste de Sudán. Estas milicias han atacado las ciudades, matando
a decenas de miles de personas y violando a miles de mujeres. También han sacado por la fuerza a los
habitantes, han quemado sus casas y saqueado y robado sus cosechas y animales. Estos ataques han
provocado un significativo desplazamiento interno: 5,2 millones de personas a finales de 2005. Incluso
hoy en día, los desplazados sudaneses son víctimas de ataques, asesinatos, violaciones y saqueos, por
parte de su propio gobierno. A menudo, tienen que sobrevivir en campamentos donde las condiciones
son deplorables debido a la falta de recursos y a la imposibilidad de llevar ayuda internacional.
El auge del nacionalismo y la xenofobia
Durante la última década hemos visto incrementarse la xenofobia y el nacionalismo, a menudo
acompañados de estallidos de violencia, en varios países africanos con un gran número de inmigrantes.
Por ejemplo, en Costa de Marfil se creó el concepto de «identidad marfileña» y se usó con fines
políticos para distinguir a los «verdaderos marfileños» (desde, al menos, dos generaciones), de los
llamados «marfileños foráneos». Este concepto establece una jerarquía social y política basada en el
origen de los ciudadanos nacionales y fomenta la hostilidad hacia los extranjeros y hacia los
marfileños musulmanes del norte. En 1998, una Ley de Propiedad reservaba el derecho a la propiedad
de la tierra sólo a los «verdaderos marfileños», propiciando la expulsión de miles de agricultores de
origen burkinés del norte del país. Este concepto fue uno de los detonadores de la crisis en Costa de
Marfil.
Botsuana mostró otro ejemplo de este fenómeno. Los inmigrantes zimbabuenses eran el blanco de
comportamientos y agresiones xenófobas. Eran objeto de humillaciones públicas, sentencias arbitrarias
y expulsiones, y, a veces, incluso de asesinatos y torturas. La revisión de sus solicitudes de asilo se
retrasa injustificadamente, y se les niega el acceso al trabajo y a ciertos servicios15. Frecuentemente, se
les acusa de los crímenes, los desastres y la prostitución en Botsuana.
La feminización de las migraciones: vulnerabilidad y nuevas oportunidades
En África, al menos uno de cada dos inmigrantes (47%) son mujeres: las mujeres y los niños
constituyen el 70% de los refugiados y desplazados en el continente16. El aumento en el número de
inmigrantes mujeres se da principalmente en las subregiones del oeste y este de África. En el oeste yen el sur de África, un número cada vez mayor de mujeres realiza un comercio transfronterizo, como
las mujeres de Zimbabue encargadas de las actividades comerciales con Sudáfrica. Las mujeres
inmigrantes también se dirigen a los países del norte, aunque en menor número que los hombres.
20.000 enfermeras y doctoras africanas contribuyen cada año a la fuga de cerebros. En 1999, se
titularon en Ghana 320 enfermeras, el mismo número de enfermeras que dejaron el país ese año,
mientras que la mitad de las vacantes en los puestos de enfermería no se cubrieron a nivel nacional17 .
La inmigración ofrece a las mujeres nuevos recursos y papeles y les ofrece la oportunidad de
consolidar su independencia económica, representando nuevos papeles en la sociedad y promoviendo
la imagen de la mujer y de las normas sociales en sus países de origen.
Al mismo tiempo, muchas inmigrantes fueron víctimas de violencia, de abusos sexuales, de tráfico
humano y de condiciones de trabajo lamentables. En 2005, Médicos Sin Fronteras informó sobre
15 Estas violaciones se trataron en el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, cuando
se examinó el informe de Botsuana en 2006.
16 UNFPA: Hacia la esperanza: las mujeres y la migración internacional; estado de la población mundial, 2006.
17 Id.
numerosos casos de abusos sexuales que cometieron policías marroquíes y otros inmigrantes contra
mujeres y menores que atravesaban Marruecos para emigrar a Europa. Además, las mujeres afrontan
riesgos para su salud: VIH/SIDA, partos y abortos en condiciones médico-sanitarias inadecuadas.
18 El tráfico humano, sobre todo de mujeres y niños, es un problema de vital importancia en África.
Según el informe de UNICEF, de 53 países africanos estudiados, el 89% reconoció verse afectado por
el tráfico humano que se lleva a cabo hacia otros países del continente y el 34%, por el tráfico hacia
otros continentes (en su mayor parte Europa y los países del Golfo Pérsico). Las víctimas de este
tráfico sirven como prostitutas, esclavas domésticas, niños soldados o esposas en matrimonios
concertados
19 Según Naciones Unidas, 200.000 niños al año son víctimas de este comercio en África
occidental y central20 .
Migración y salud
Aparte del ya mencionado problema del éxodo del personal médico africano a otros continentes, una
de las claves de los problemas sanitarios reside en la persistencia del virus del SIDA entre losinmigrantes africanos, especialmente en el sur de África. Contrariamente a lo que se piensa, los
inmigrantes rara vez se infectan cuando dejan su país. Son sus viajes migratorios y las condiciones de
vida en el país de llegada lo que les expone a los mayores riesgos21: abusos sexuales y prostitución
(incluida la que se realiza esporádicamente), el confinamiento en alojamientos con gente del mismo
sexo y el uso de prostitutas o la multiplicación de las parejas sexuales constituyen importantes factores
de riesgo para los inmigrantes. Los inmigrantes que han contraído el virus del SIDA, son, además, más
vulnerables a otras enfermedades, que suelen agravarse ya que, generalmente, tienen menos acceso a
la sanidad y a los tratamientos.
Inmigración y presiones crecientes sobre los recursos naturales
Los factores ambientales, especialmente la tierra y el agua, son uno de las principales motivos de los
movimientos de población, o directamente, o más frecuentemente, porque provocan conflictos o se
usan con fines políticos. Las evoluciones ambientales previstas, especialmente el cambio climático,
nos lleva a dedicar especial atención a estos factores que podrían causar desplazamientos masivos enÁfrica en las próximas décadas. Según los últimos estudios del IPCC (siglas en inglés de: Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático), el número de refugiados y de desplazados internos
debido al cambio climático será de 15 millones en 2010 y de 100 a 200 millones en 2100, la mitad deellos en África22. Estos desplazamientos serán provocados por la reducción de las reservas de agua (en
particular en el lago Chad), una menor productividad, un desplazamiento de la tierra agrícola y una
subida del nivel del mar en algunas regiones costeras.
18
UNFPA: Hacia la esperanza, etc., op. cit.
19
UNICEF: Trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, en África. Abril 2004.
20
Fuente: http:// www.npcbw.org/newweb/icwad_04_trafficking_facts.htm
21
Documento expositivo de la OIM sobre VIH SIDA y migración, octubre 2002. IOM: HIV and People on the Move: Risks
and Vulnerabilities of migrants and mobile population in Southern Africa. 2006.
22
IPCC: Resumen para responsables de políticas, 2001. Informe especial, 2006
4. Convenciones y vías de recurso africanas para la protección de los
inmigrantes
ONU
Casi todos los países de África subsahariana23 firmaron en 1951 la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Estatuto de los Refugiados. Solo unos 1524 ratificaron en 1990 la Convención de Naciones
Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y de sus Familias; sin
embargo, estos representan casi la mitad de los 35 Estados parte de la convención. El Comité de las
Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Inmigrantes y de sus Familias es un órgano
convencional encargado de velar por el respeto de la Convención. Compuesto por expertos
independientes, este comité se reúne por primera vez en 2004 para examinar los informes de los
Estados. Asimismo, la Convención prevé la posibilidad de interponer denuncias individuales y de
emprender investigaciones.
Unión Africana
En su artículo 12, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 establece
la libertad de circulación y, en caso de persecución, el derecho a pedir y recibir asilo en el extranjero,
de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Se completó en 1969, cuando la OUA adoptó laConvención encargada de regir los aspectos específicos de los refugiados en África. Fue ratificada porla mayoría de los países del África subsahariana25 .
La Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos se encarga de examinar los
informes periódicos de los Estados, especialmente en lo que respecta al artículo 12 de la Carta y de la
Convención de la OUA sobre los Refugiados (1969). Asimismo, los Estados u otras fuentes, incluidas
organizaciones no gubernamentales e individuos, pueden enviar escritos sobre violaciones de los
derechos de la Carta por parte de un Estado Parte. Esta Comisión expone sus conclusiones, que tienen
valor de recomendaciones para los Estados. Además, la Comisión Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos designó en el año 2003, un relator especial sobre los refugiados, los
solicitantes de asilo y los desplazados, Tom Nyanduga. Sus competencias son recibir información,
dirigir estudios e investigaciones, entablar diálogo con los Estados y sensibilizarles para la aplicación
de las convenciones de la ONU y la OUA, y elaborar informes y recomendaciones para la Comisión26 .
La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, creada en 2004, actualmente está en
proceso de constitución y podría entrar en funciones en el segundo semestre de 2007. Para algunos
países (los que firmaron la declaración 34.6), los individuos y las organizaciones no gubernamentales
podrán acudir a la Corte directamente; en los demás casos, se podrá acudir a la Corte a través de la
Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. La Corte velará por el respeto de
las convenciones de la OUA y de la ONU, incluyendo las relativas a los refugiados y a los
trabajadores inmigrantes.
23
Sudáfrica, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Etiopía, Gabón,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Níger, Nigeria, Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Tanzania, Ruanda, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suazilandia, Chad, Togo, Zambia, Zimbabue.
24 Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Comoras, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Lesoto, Liberia, Malí, Mauritania,
Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda.
25
Sudáfrica, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, CaboVerde, Congo,
Costa de Marfil, Comoras, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto,
Liberia, Malaui, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Uganda, República Democrática del Congo, Tanzania,
Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suazilandia, Chad, Togo, Zambia, Zimbabue
26
Para más información sobre el mandato del relator especial veáse:
http://www.achpr.org/francais/_info/index_rdp_fr.html
Organizaciones subregionales27
La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) adoptó, en 1979, un
protocolo sobre la libre circulación de las personas, que confiere el estatus de ciudadano de la
comunidad a cualquier ciudadano de los Estados Miembros y pide a éstos últimos «abolir cualquier
obstáculo que impida la libre circulación y la residencia dentro de la Comunidad». Además, el tratado
constitutivo de la CEDEAO especifica que los ciudadanos de la Comunidad no necesitan visado, ni
carta de residencia, y pueden trabajar y desempeñar actividades comerciales o industriales en todos los
países miembros.
En el caso de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), el tratado
constitutivo de la Unión prevé la libre circulación de personas dentro de los Estados Miembros y
otorga el derecho al ejercicio de una actividad profesional, aunque con numerosas limitaciones. Noobstante, no existe ningún acuerdo regional en la Comunidad Económica y Monetaria de ÁfricaCentral (CEMAC) y en la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). En esta última región,
la negociación de un Protocolo sobre la libre circulación de las personas, inspirado en el modelo de la
Unión Europea, ha fracasado debido al rechazo, entre otros, de Sudáfrica y Botsuana.
Con el telón de fondo del estruendo de la música procedente de un popular local nocturno de Bangkok, un niño de corta edad vende goma de mascar a un grupo de turistas sentado a las puertas del establecimiento. No tendrá más de ocho o nueve años. Preguntado por su procedencia, responde "Tailandia". ¿Qué lugar de Tailandia", inquiere uno de los clientes. El niño se encoge de hombros y, tras sortear nuevas cuestiones, acaba admitiendo que, en realidad, proviene de la vecina Camboya.
Cerca del lugar donde se desarrolla la escena, su "vigilante" observa lo que ocurre. El niño es miembro de un "equipo" de menores explotados para mendigar, abrillantar zapatos, vender flores y, en ocasiones, lamentablemente, para venderse a sí mismos.
Este niño pequeño, desaliñado y descalzo es, casi con plena certeza, víctima del tráfico de seres humanos, vendido por sus padres o tutores a un traficante, o llevado por un intermediario a la gran ciudad para "encontrar trabajo". A menudo, el intermediario es un pariente o un amigo de la familia que acaba vendiendo el menor a un tercero. Algunos niños no volverán nunca a ver a sus familias.
Este tipo de explotación es habitual en muchas regiones del mundo, incluido el sudeste de Asia. Existe tanto demanda como oferta, lo que supone un importante obstáculo para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, un mandato asignado a la OIT mediante diversos convenios internacionales, entre los que figura el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182), adoptado de manera unánime por sus Estados miembros.
El aumento de las migraciones añade una nueva dimensión al problema del tráfico de niños.
Una nueva encuesta ( Nota 1) patrocinada por la OIT y realizada por el Gobierno de Laos (República Democrática Popular de Laos) confirma los temores de que la migración internacional, al menos en el caso de Laos, expone a muchas personas a la posible explotación ejercida por traficantes. Numerosos migrantes no son conscientes de los riesgos que genera una migración deficientemente preparada y poco informada, y de las dificultades que pueden encontrar en el extranjero. Es esta vulnerabilidad lo que explotan los traficantes de seres humanos, y los menores, en especial las niñas y las mujeres jóvenes, constituyen sus objetivos prioritarios.
La encuesta efectuada en tres provincias de Laos puso de manifiesto que, desde que abandonaron sus hogares, no se tenía noticias de más del 50% de los migrantes menores de 18 años de edad, lo que resulta sumamente preocupante. La gran mayoría de estos desplazamientos migratorios se había realizado en el plazo de los tres últimos años.
En cerca del 7% de los casi 6.000 hogares laosianos consultados había migrado algún miembro de la familia, y uno de cada cinco de los migrantes era menor de 18 años. Dos tercios eran niñas.
Aunque los resultados del estudio de Laos son turbadores, el país es uno más entre varios Estados del sudeste asiático en los que las migraciones mal preparadas, la pobreza, la arraigada desigualdad de género y la falta de información crean el entorno perfecto para que los traficantes de seres humanos ejerzan su labor.
Casi ningún rincón del mundo se encuentra a salvo. Las víctimas suelen ser "elegidas" en un país, enviadas a otro y, en ocasiones, transitan a través de un tercero.
Sin embargo, el tráfico no es sólo un fenómeno internacional. En China, el candente desarrollo económico de las áreas urbanas situadas a lo largo del litoral oriental ha dado lugar a una oleada humana de migración del medio rural a la ciudad. Sólo en la provincia de Henan, se cree que un porcentaje tan sorprendente como el 28% de los 96 millones de habitantes de la región ha emprendido desplazamientos de este tipo.
Esta intensa migración interna contribuye a alimentar el frenético crecimiento económico de China, y no cabe duda de que la mayoría de los migrantes sacan partido de su traslado. Sin embargo, la estampida hacia las ciudades brinda una ruta idónea para su seguimiento por los traficantes de seres humanos. Las niñas y las jóvenes constituyen una presa fácil, víctimas inconscientes de un tráfico que las conduce a la industria del "entretenimiento" o a un matrimonio forzoso.
Veamos por ejemplo la historia de Mei, de 13 años de edad.
Mei, junto a otras dos compañeras de clase, fueron víctimas de este tipo de tráfico después de acceder a pasear a plena luz del día con dos hombres que habían conocido. Pronto comprendieron que habían sido engañadas y que los hombres planeaban su venta para ofrecerlas en matrimonio. Mei consiguió escapar y alertó a la policía que rescató a sus compañeras.
Aunque la historia tuvo un final feliz, en muchos casos no sucede lo mismo.
Cada día se producen casos de niños víctimas del tráfico de personas, cuyo destino es la prostitución o la mendicidad, la servidumbre en condiciones similares a la esclavitud, a menudo como trabajadores del servicio doméstico, y otras formas de explotación y trabajo forzoso.
El tráfico se presenta como un sector sombrío y pujante, pero los esfuerzos dedicados a sacar a la luz este comercio clandestino de la miseria humana, y a encontrar nuevas vías para combatirlo, permiten vislumbrar un rayo de esperanza.
Mediante la ejecución de un proyecto del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), la OIT fomenta la toma de conciencia por parte de niños, padres y líderes de las comunidades respecto a los peligros de las migraciones deficientemente preparadas e informadas.
El Proyecto Subregional de Mekong para el Combate al Tráfico de Niños y Mujeres de la OIT actúa en cinco países: Camboya, la provincia china de Yunnan, Laos, Tailandia y Vietnam.
Los primeros indicios son alentadores.
Tras un ejercicio de sensibilización financiado por la OIT en una aldea situada al norte de Tailandia, salieron a la luz cinco casos de tráfico y explotación de menores de los que no se tenía conocimiento. Cuatro han quedado resueltos.
En algunos pueblos de la provincia de Yunnan, en China, establecidos como objetivo, las migraciones deficientemente preparadas e informadas disminuyeron en más de un 50% después de intervenciones similares a las anteriores.
Asimismo, en Camboya, una de las iniciativas de del proyecto microfinanciación propició el suministro de vacas a los aldeanos, lo que representa una nueva fuente de ingresos que les permite mantener a sus hijos en la escuela. Este "banco bovino" hizo posible que la aldea entera se beneficiase al "pedir prestadas" las vacas durante la temporada de partos. Se permitió que los aldeanos se quedaran con el primer y el tercer ternero, mientras que la madre y la segunda de las crías se devolvieron al "banco bovino" para continuar el ciclo con otras aldeas.
La erradicación del tráfico en un proceso lento. No obstante, la OIT colabora cada vez más con los gobiernos y los interlocutores sociales del sudeste asiático y del resto del mundo para abordar sus causas estructurales, brindar oportunidades de trabajo decente y establecer canales legales de migración que garanticen un suministro de mano de obra capaz de atender la demanda existente.
Actualmente, gracias a la labor de la OIT y otras entidades, gobiernos, autoridades y familias ricas y pobres cobran conciencia de que el tráfico de seres humanos y la explotación de la infancia priva a sus respectivas naciones de una sociedad más brillante y productiva, en la que los padres puedan sostener a sus familias mediante el trabajo decente y los niños puedan completar sus estudios, brindando la promesa de un futuro de mayor prosperidad para todos.
Los desplazamientos humanos en sus distintas formas, está generando una serie de efectos sociales, económicos , políticos y culturales, tanto en los países de recepción como de origen.A fin de debatir varios de estos asuntos, los días del 1 al 3 de septiembre de 2004, en la ciudad de Quito, el programa Andino de Derechos Humanos PADH, organizaron la II Conferencia Regional "Migraciones, desplazamiento forzado y refugio",quedando en las siguientes conclusiones :
Depende por un lado de la voluntad de los gobiernos de los países de expulsión, y por otra parte de las capacidades de incidencia de las organizaciones o de las redes de migrantes en los países de destino.
Es importante la capacidad de las organizaciones de migrantes de establecer alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil.
Los resultados que se pueden esperar en reformas hacia la legiliación serán a mediano plazo( 2 ó 4 años).
Existe una representación escasa de las organizaciones de familiares de migrantes y de inmigrantes.Se evidencia la nacesidad de apoyo a procesos organizativos y de mecanismos de autogestión en términos de actividades productivas para éstas.
Las organizaciones de familiares de migrantes necesitan articularse alrededor de la construcción de respuestas concretas a las necesidades de los migrantes.
Un exilio tan largo y duro no ha conseguido terminar con las esperanzas del pueblo saharaui para recuperar, algún día,los territorios del Sahara Occidental que, en el año 1975, el gobierno español cedió a Marruecos y a Mauritania.
Tras una guerra de tres años con Mauritania, y otras de quince con Marruecos, los saharauis siguen esperando que éste país acepte la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que les permita recuperar su territorio y volver de nuevo a su hogar.
Mientras esto no suceda, el pueblo saharaui permanece refugiado en campamentos ubicados en el durísimo desierto argelino y viviendo en condiciones infrahumanas: sin luz, agua, alimentos...Estos 175.000 saharauis están asistidos por la ONU y han formado la República árabe Saharaui Democrática.Está dividida en cuatro asentamientos, denominados wilayas, que son la base del Frente Polisario.Desde que se firmo el alto el fuego desde el Polisario y Marruecos(1991), el Sahara Occidental está dividido por un muro de 2.000 Km.La zona del oeste está ocupada por Marruecos y el este, por los denominados territorios liberados que,se encuentran bajo el control del Frente Polisario.
En los campamentos se vive en difíciles condiciones,sobre todo para quienes están creciendo:No hay luz,agua,ni suficientes alimentos.
Niños, los que más sufren en campos de cultivo
Irma Mejía
FRESNILLO, Zac.— Niños y niñas de diversas entidades de la República arriban en esta época del año a Zacatecas para trabajar, junto con sus familias, como jornaleros en los campos agrícolas ubicados en los municipios chileros de Fresnillo y Calera.
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